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El director de Transparencia y Anticorrupción del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Félix Alberto González, fue encontrado y demorado ayer en una propiedad privada colindante al ente en donde se abrieron dos boquetes que comunicaban con la institución estatal, para sacar muebles.
Aborígenes de varias etnias apostados desde hace dos semanas frente al instituto, para pedir la renuncia de su presidenta (Ana María Allen), se dieron cuenta de que personas ingresaron al local y que en una calle situada al costado, camiones transportaban muebles. En pie de guerra, con plumas, pintados, arcos y honditas, bloquearon las salidas hasta la llegada de la Policía, que fue a las 11:30. Los agentes hallaron en el patio de la casa muebles, acondicionadores de aire, cajas, entre otros.
También encontraron dos boquetes recién cerrados con ladrillos y cemento. “Sacaron documentos. Sospechamos malversación de fondos”, denunció Elvira Montanía, quien se presentó como representante legal de los indígenas. “Nosotros tenemos la información de que ayer ellos ya denunciaron que los indígenas estaban queriendo robar esto y querían inculparles hoy”, dijo.
Varias personas que estaban en el predio donde se acumulaban los mobiliarios fueron apresadas para averiguaciones, y son: los militares Saúl Porfirio Vallejos y Jesús Larroza, y los civiles Catalino Medina Barrientos, Ricardo Ortigoza Otazú, Jorge Basilio Georgitsopoulos, Francisco Ortigoza Otazú, Pablo Gabriel González, Renato Bobadilla Sánchez, José Meza, Rodolfo Blanco, José María Blanco y Roberto Espínola.
La titular del Indi, Ana María Allen Dávalos, no dio la cara y nombró como vocera a Carmen González, directora de Protección a los Pueblos Indígenas. Esta no estaba informada del tema y se perdió ante consultas de la prensa. Primero afirmó que hicieron una denuncia, pero luego lo negó y aseveró que el proceso será interno y tendrán informaciones en un día. Sobre si Allen dio la orden, dijo: “No puedo hacerme responsable si es que la presidenta la dio, pero no creo que la presidenta tenga que dar o no. Ustedes tienen que entender que la presidenta es la máxima autoridad de una institución y si ella dio...”, terminó, enredada.
La fiscala Claudia Penayo dijo que los funcionarios habrían tenido la autorización de la presidenta del Indi para realizar la polémica mudanza.