Hay que acabar con la explotación legal, afirma trabajadora doméstica

“Merecemos ganar el sueldo mínimo legal que otros trabajadores perciben. Hay que crear conciencia acerca de la discriminación que sufrimos cerca de 200.000 mujeres empleadas domésticas en el Paraguay”, resaltó Marciana Santander (45), quien nació en La Colmena y vino a Asunción en busca de un mejor nivel de vida. Ella se desempeña desde los 15 años de edad, como empleada doméstica. Vive en el barrio Ricardo Brugada y es madre de seis hijos.

Dijo que regresó a estudiar en el colegio desde el año pasado. Este año va a ser el primero de la media.

“Siempre quise estudiar, pero tenía que trabajar a tiempo completo y ganaba poco. Además, a los 19 años ya tuve mi primer hijo y así sucesivamente”, significó y agregó que ahora que sus hijos ya crecieron, tiene más tiempo e ingreso, porque todos le ayudan, por lo que al culminar el bachillerato estudiará en la Facultad de Trabajo Social.

Añadió que con la aprobación de la Ley, en el Parlamento, disminuirá sustancialmente la trata de personas. Porque actualmente hay miles de jovencitas que con el engaño de ir a trabajar como domésticas, personas malintencionadas las llevan para prostituirse en el extranjero.

“Dentro de unos años, también disminuirá el pedido de pensión para personas insolventes en la vejez, porque ellas ya van a tener su jubilación”, apuntó.

Trabajar medio tiempo

En cuanto a que la mayoría de las potenciales patronas solo ganan el sueldo mínimo, o a veces menos, Marciana Santander sostiene que las domésticas pueden trabajar solo medio tiempo, con medio salario del mínimo legal vigente, que es de G. 1.658.232 o por hora. Además, resaltó que en una familia trabajan el marido y la esposa, por lo que se juntan los salarios para los gastos de la casa.

Informó orgullosa que actualmente ella trabaja medio tiempo, porque su marido trabaja en construcción y sus tres hijos grandes también ya trabajan.

Respecto a la jubilación del sector, dijo que al ingresar como trabajadoras en el régimen general, les corresponden todos los beneficios que perciben cualquier trabajador. Es decir, deben aportar al IPS el 9 por ciento como aporte obrero y 16,50 por ciento como aporte patronal, total 25,50 por ciento. Y según la Constitución, con 30 años de aportes y 60 años cumplidos, les corresponderá la jubilación ordinaria.

Lamentó que en la asociación que preside haya compañeras que tienen entre 70 y 80 años, que todavía trabajan, porque no tienen una jubilación y la pensión del Estado para adultos mayores pobres no le sale nunca, y a las que perciben no les alcanza para sus gastos diarios.

“Al aprobarse la Ley va a terminar la esclavitud y la desigualdad que padecemos. Para revertir la pobreza en nuestro país, se debe comenzar con las empleadas domésticas, que tienen en su mayoría una familia de 5 miembros. Sumado son 1.000.000 de personas que van a tener una mejor calidad de vida. Además, podrán tener acceso a una mejor educación y por ende a un mejor trabajo”, expresó.

Resaltó que el trabajo que realizan permite a la mujer trabajar fuera de su casa y tener un ingreso mayor para los gastos de la familia.

“Cuidamos a los hijos, cocinamos, lavamos, planchamos, limpiamos la casa. Sin empleada doméstica, las mujeres no podrán salir a trabajar”, resaltó y añadió que la mayoría de ellas son honradas, aunque existen excepciones que afean el sector, y para ello deben cumplirse las leyes.

Santander indicó que intensificarán el lobby parlamentario para obtener la aprobación a inicios del año parlamentario (marzo), del proyecto de ley presentado por el senador Derlis Osorio, que fue consensuado con las tres organizaciones del sector.

Concluyó que una de las mayores deudas del Congreso es el hecho de no haber acabado aún con la discriminación legal de las trabajadoras domésticas. Por el contrario, la ciudadanía ha contemplado cómo desde sus bancas algunos parlamentarios, lejos de garantizar derechos para todas las personas, se han ocupado de asegurar privilegios a algunas, como el caso del diputado Víctor Bogado, que utilizó recursos públicos para remunerar a su niñera. O el diputado José María Ibáñez, que pagaba personal de servicio doméstico al que, además, jamás inscribió ante el Instituto de Previsión Social.

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