El negocio de la franquicia se da cuando la universidad está creada legalmente por ley pero como los propietarios ya no están interesados en abrir una institución, entonces “negocian” ofreciendo su nombre a los dueños de institutos o academias. Los mismos compran los derechos para usar la marca y abrir sus universidades clandestinas.
El propietario de la institución “madre” ni se molesta en verificar que se cumpla con ciertos estándares en el plantel docente, equipamientos de aulas y mucho menos en la educación que se imparte en la institución que lleva su nombre. Solo se limita a firmar los documentos académicos cuando se le requiera.
Luego llueven las denuncias ante el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y el Ministerio de Educación (MEC), de miles de estudiantes que se matricularon pero que luego de un periodo no prosiguieron sus estudios porque la “universidad” cerró sus puertas sorpresivamente y sin explicaciones.
Obviamente los alumnos así se quedan sin certificados de estudios y ni hablar de sus títulos, que no son más que un cartón sin validez.
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Hildegardo González, presidente del Cones, explicó que el origen de esta crisis se remonta desde la Ley 2529/06 (conocida como Ley Marcos) que, basada en una interpretación radical de la autonomía universitaria, estableció que el Congreso puede crear una universidad o instituto superior sin tener siquiera una propuesta académica formal.
Al tener su número de ley de creación, las universidades ya podían por sí mismas habilitar todas sus filiales y carreras a nivel país.
Dicha ley ya no está vigente, pero el daño causado con ella a la educación superior en el país sigue golpeando hasta la actualidad a miles de estudiantes.
“Vienen los alumnos a nuestras oficinas a decir que estudiaron en tal universidad. Se le convoca al propietario y este deslinda toda responsabilidad porque firmó un contrato privado para tercerizar el servicio. Eso está prohibido y es ilegal. Nos encontramos con tantas barbaridades y miles de estafados cuando llegamos en el 2013 al Cones”, lamentó González.
El Cones todavía no divulgó oficialmente los nombres de las 10 universidades que tienen franquicias ya que pretenden “cazarlas”. En Paraguay funcionan 54 universidades en total, entre ellas existen varias instituciones estafadoras.
La habilitación de una universidad es otorgada por el Congreso Nacional con un dictamen del Cones. A partir de esto la institución es legal y puede ofertar sus carreras a los estudiantes interesados.