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La comunidad, ubicada en Itakyry, Alto Paraná, está habitada por 18 familias. Ocupan una propiedad de 500 hectáreas adquiridas en 1996 por el Indi. Sin embargo, en los últimos días apareció un grupo de brasileños con un título creado en Caaguazú que, con base en sobornos a miembros de la comunidad y documentos falsos de renuncia a las tierras, quieren apoderarse de la propiedad y han iniciado un sistemático acoso, incluso con hombres armados, para desalojar a los nativos, según los afectados.
El Indi tiene en su poder el contrato privado que transfiere la propiedad al Indi. Juliano Barbiann es quien encabeza el grupo que presentó el título y exige que los nativos se retiren del lugar.
Sabino Piris, cacique de la comunidad, explicó en nuestra redacción que los brasileños se aprovechan de la pobreza, y a engaños, por un poco de plata, hacen firmar documentos. “Hasta a mí me hicieron firmar documentos en blanco para sacarnos la propiedad”, apuntó.
El dirigente indígena está preocupado porque, además de los hombres armados que acosan a la comunidad, aparecieron tractores que han derribado las casas.
En la denuncia que presentaron, bajo el patrocinio del abogado Aníbal Alfonso, los nativos reclaman la protección del ente y recuerdan que la Constitución dice claramente en su artículo 64 que las tierras indígenas son inembargables, indivisibles, intransferibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales, tampoco pueden ser arrendadas.
En la comunidad funciona una escuela reconocida por el Ministerio de Educación, a la que asisten los niños de la comunidad.
El pasado domingo 20 de marzo fue la última vez que los brasileños llegaron a la comunidad. En esa ocasión reunieron a los nativos y les emplazaron a que se retiren del lugar.
En la nota ante el Indi explicaron que algunos ya abandonaron la comunidad por las amenazas que recibieron y porque no quieren que sus familias sea agredidas. Otros resisten y aun ocupan una parte de la propiedad que reivindican como territorio ancestral.
En la denuncia presentada ante el Indi finalmente piden que se tomen las medidas jurídicas y de seguridad para que la comunidad no pierda la propiedad que el Estado les adquirió.