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Al menos fue lo que dijo a nuestro diario ayer Ramón Benítez, líder de la comunidad Jejyty Miri, del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.
Están hablando también con líderes del grupo Ava Guaraní para conseguir apoyo en esta larga lucha por un pedazo de tierra, dijo Benítez.
Son 23 familias indígenas que desde hace seis meses viven en condiciones infrahumanas en la plaza frente al Congreso. Improvisaron un área para bañarse y las instituciones públicas les instalaron baños móviles.
Los desalojados quieren una parcela en Itakyry, Alto Paraná. Sus viviendas fueron quemadas, por lo que llegaron hasta la capital para pedir a las autoridades nacionales la devolución de la tierra que les corresponde.
A lo largo de los años el Estado fue entregando parcelas a los grupos indígenas. Varias terminaron en manos extrañas, según denuncias de algunas comunidades afectadas.
Hace poco le pedimos al Indi el detalle de las fincas entregadas a cada comunidad. Se negaron con el argumento de que están protegidos por la Constitución Nacional.
Se sumó otro grupo
El miércoles a la noche otro grupo indígena llegó a la misma plaza del Congreso con otros pedidos. Poseen tierra pero desean viviendas y la conclusión de la escuela que el Ministerio de Educación y Ciencias dejó a medio construir, según los líderes. El grupo integran unas 200 personas entre adultos y menores.
Ayer después del mediodía fueron llevados hasta el Instituto Nacional del Indígena (Indi), donde les prometieron construir las aulas en sus tierras y vehículos para retornarlos.