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Hace unos cinco días la noticia de que un feto fue enterrado en la plaza frente al honorable Congreso de la Nación paraguaya, tras el aborto que sufrió una madre indígena que no recibió asistencia oportuna, solo representó una estadística más que se suma a los constantes atropellos de los derechos de los pueblos indígenas en el país.
El caso de la comunidad ava guaraní Tekoha Jetyty Mirî, del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, que fue víctima de un violento desalojo e incendio de sus hogares, cultivos y pertenencias, se está volviendo frecuente, mientras la justicia sigue sin sancionar al fiscal Lucrecio Cabrera de Curuguaty, que llevó adelante el operativo de manera irregular, fuera de su jurisdicción y sin orden judicial, según denunció la abogada Rosa Vaccheta.
El líder de la comunidad indígena apostada frente al Congreso desde el pasado 7 de diciembre de 2017, Ramón Benítez, se presenta todos los días ante el Ministerio Público buscando una solución al conflicto, castigo al fiscal Lucrecio Cabrera y la reposición de las tierras de las que los expulsaron, pese a contar con títulos de propiedad.
Mientras tanto, las 15 familias con cerca de 30 niños sobreviven en condiciones paupérrimas, bajo carpas de plástico soportando lluvias, tormentas, el agobiante calor, sin asistencia de Salud, sin asistencia del Indi y alimentándose a medias gracias a la solidaridad de la ciudadanía.
La parcialidad Ypachí de Vaquería, departamento de Caaguazú, también denunció en diciembre del año pasado la invasión de sus tierras por parte de campesinos. Pero como las vacaciones de nuestras ilustres autoridades son más importantes, no hay visos de solución para estas injusticias.
Según el último Censo de Pueblos Indígenas de 2012, existen 117.150 indígenas distribuidos en 19 pueblos, un 58% ubicado en la Región Oriental y un 42% en la Región Occidental.
El informe señala que el 92,6% tiene casa propia, (de la cual están siendo expulsados), de estos, el 20%, unas 1.230 familias, vive bajo carpas de hule, cartón y madera de embalaje. Se estima que más del 75% de la población indígena vive en la extrema pobreza y en el absoluto abandono.