El fallo del tribunal arbitral que condena a la Municipalidad a pagar US$ 3,6 millones a la empresa Ivesur fue a raíz de un informe pericial que determinó que en la Comuna capitalina existía una “caja paralela”. Esta recaudación, según el laudo, permitía la existencia de vehículos con habilitación de Asunción sin inspección técnica vehicular.
El abogado Julio Samaniego, exasesor jurídico de la Municipalidad, explicó a ABC Color que los reportes del sistema informático de la Comuna indicaban que hubo 27.000 vehículos con habilitación pero sin inspección técnica vehicular entre el 2008 y el 2012.
No obstante, el informe pericial en el cual se basa el laudo habla de que fueron 60.000 los vehículos habilitados sin ITV otorgada por la empresa Ivesur.
A raíz de la diferencia –a la que calificó de extorsiva– Samaniego recordó que estaban preparando la impugnación. En ese entonces el cuestionamiento a los peritos iba a ser de dónde obtuvieron esa cifra y cómo se consideraron los taxis, vehículos de excombatientes, los 0 km y los incluidos en la ley de capitalidad –habilitaciones por las cuales el Estado paraguayo pagó a la Municipalidad– que están exentos de ITV.
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Cuando se estaba preparando la defensa de ese punto la Dirección Jurídica de la Municipalidad, a cargo del Dr. José Enrique García, separa a Samaniego del plantel.
Señaló que le llama la atención que se desconoce por qué el registro informático de la Municipalidad tiene una diferencia de menos del 50% con los números del peritaje. “Es una calamidad que se tenga que condenar a la Municipalidad por esa cantidad de dinero”, dijo el abogado, quien explicó en varias ocasiones que la Comuna tenía el control en el proceso extrajudicial.
La defensa de los intereses de la Comuna, de ser férrea, se convirtió en entreguista, lo cual terminó con el fallo desfavorable.
Confía en asesores
El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, indicó a ABC que, pese a estar sorprendido, no puede poner en duda la honorabilidad de los abogados. Dijo que sus asesores jurídicos merecen su buena fe, al igual que los miembros del tribunal arbitral consensuado por la Comuna e Ivesur.
Consultado sobre si los abogados de la Municipalidad pudieron hacer algo más, indicó que se hizo todo lo que estaba a mano y que habría que revisar el proceso desde el día cero hasta hoy.
“Ya encontramos el caso en su etapa final”, dijo Ferreiro, quien recordó haber instruido a los abogados no hacer ningún arreglo sobre los US$ 12 millones que requería la empresa.
La Municipalidad tiene un plazo de 10 días para pedir que se revoque el fallo, ya que no puede ser apelado por las partes.