En Lambaré, mover materiales de construcción es un lujo. En uno de los contratos firmados entre una comisión vecinal y la empresa Clase A (de Orlando Sosa Centurión) se puede ver que se usó dinero de la Municipalidad local para pagar G. 21 millones solo por el acarreo de materiales a una distancia de 5 metros.
La Contraloría General emitió un dictamen sobre las denuncias de la Junta Municipal de Lambaré hacia el intendente Armando Gómez y confirmó que cometió irregularidades en el caso del recalce de un puente sobre Vencedores del Chaco.
Por orden del intendente, la Municipalidad de Lambaré transfirió este año fondos a la Comisión vecinal “San Vicente de Paul”, representada por Gloria B. Ocampos, para que esta realice cuatro contrataciones para un mismo trabajo.
Fueron contrataciones directas con diferentes empresas por montos que superan lo establecido (a partir de G. 700 millones se debe llamar a licitación, según la Ley de Contrataciones Públicas). El intendente arregló el fraccionamiento de las obras para eludir el requisito.
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La Contraloría adjuntó al dictamen planillas en las que se observan precios de los servicios en el mercado, con lo que se nota que el monto de G. 914.893.000 que las empresas cobraron es elevado. Según un estudio de mercado de la Contraloría, las obras podrían haber sido hechas por G. 800 millones. La Municipalidad no pudo explicar por qué y en qué usó G. 100 millones más, lo que lleva a pensar que se inflaron los precios. Tampoco se encontró la rendición de cuentas de la comisión en el ejercicio fiscal 2016.