En mayo de 2016 el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, firmó contratos con las empresas Potî (de Alberto Raúl Palumbo) y Cevima SA (de Claudio Escobar Brizuela) para el servicio de limpieza por 26 meses de todas las dependencias del Instituto.
En dicha oportunidad el IPS pagó a la empresa Potî la suma de G. 66.132.029.328 y a Cevima SA G. 24.172.718.988, es decir, un total de G. 90.304.748.316, lo que al tipo de cambio de la época representa US$ 16.419.045.
Gran crecimiento
Sin conocerse significativos incrementos en infraestructura, el IPS ahora está a punto de firmar contratos con las mismas empresas, Potî y Cevima SA, pero esta vez ya por G. 150.762.888.000, es decir, US$ 27.411.434 de acuerdo a la cotización actual.
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En definitiva, el IPS aumentó el costo de su limpieza, de un contrato a otro, en US$ 11 millones, algo así como G. 60.500 millones.
Desabastecimiento
Contrariamente al incremento de un 70% en los contratos de limpieza con Potî y Cevima SA, la actual administración del IPS soporta numerosas denuncias de escasez de fármacos e insumos médicos para los asegurados.
En tal sentido llama la atención el exagerado gasto en materia de limpieza, por un lado, y la falta de presupuesto para la compra de insumos y medicinas para los pacientes, por el otro.
Férrea defensa
Aun así, el presidente del IPS se aferra fuertemente a la adjudicación de las mencionadas empresas que, además, poseen frondosos antecedentes por incumplimientos de contratos anteriores, con la misma previsional, y de violación a las leyes laborales, a tal punto de ser sancionados incluso por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El mismo proceso licitatorio para la actual adjudicación estuvo lleno de irregularidades ya que se evidenció el direccionamiento del pliego de bases y condiciones hacia las citadas empresas.
Benigno López se aferra al rechazo de la DNCP de una protesta presentada por la firma Renova SA (representada por Liliana Giménez) para adjudicar a Potî y Cevima SA, pero no tiene en cuenta las irregularidades denunciadas que podrían ahorrar miles de millones a la institución, exponiéndose él y los miembros del Consejo a eventuales imputaciones por lesión de confianza.