La empresa Ivesur decidió firmar el contrato de concesión de la inspección técnica vehicular (ITV) en Asunción, por el que explotará el servicio por diez años, informó el concejal Julio Ullón (ANR).
Ayer se reunió la Comisión de Legislación de la Junta asuncena y debatió la homologación del contrato, pero el tema fue postergado para una sesión extraordinaria a realizarse hoy.
La adjudicación fue hecha a dos empresas: las firmas ITV SA (conocida como Ivesur) y Coarco SACI. La cláusula decimoctava del contrato habla “De la necesidad de no poseer deudas o créditos a cobrar, o procesos judiciales en trámite contra la Municipalidad de Asunción”. La empresa Ivesur había ganado una demanda a la Comuna asuncena por US$ 3,5 millones, cuyo fallo no fue apelado. Se solicitó la imputación del entonces director municipal de Asesoría Jurídica Enrique García, ahora contralor de la República.
La causa a cargo de la fiscala Nadine Portillo estuvo congelada por varios meses. Luego se reveló que el secretario del JEM Fernández Lippmann, a pedido del senador Adolfo Ferreiro, trabajó para el congelamiento. Tras publicaciones, se realizó la imputación.
El nuevo contrato estipula menores precios, incluso teniendo en cuenta la suba del jornal implementada desde este mes. Automóviles y camionetas pagarán G. 243.756, y las motocicletas quedan en G. 81.252,
Sobre las ganancias, las Comuna recaudará un porcentaje del canon que cobren las empresas. Hasta 40.000 vehículos, un 7,5%; hasta 80.000 vehículos, un 10%; hasta 120.000 vehículos, un 12%; hasta 200.000 vehículos, un 15%; y de 200.000 en adelante, un 20%.
En el 2017 pasaron por el control de ITV casi 25.000 vehículos.
Proceso seguirá igual
El proceso contra el contralor general Enrique García y otros dos funcionarios de la Municipalidad de Asunción seguirá igual porque tiene que ver con el uso de un documento adulterado de la Cámara de Apelaciones en lo Civil con el que se intentó justificar la falta de apelación del fallo arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,5 millones a Ivesur.
La Fiscalía no había incluido lesión de confianza porque no se concretó el pago millonario. Este acuerdo deja en saldo cero ese daño, pero no excluye el hecho punible de uso de documento público de contenido falso con el que se quiso justificar la no apelación. El acuerdo también debe liquidar el pago de los abogados de la Comuna e Ivesur en el orden causado (cada uno paga a su representante legal).