Fuentes de la Municipalidad de Asunción confirmaron a ABC Color que la empresa Ivesur, desde el año 2008 hasta hoy, registró un ingreso de aproximadamente G. 25.074 millones, unos US$ 4,5 millones, por la inspección técnica de vehículos.
El dinero que percibió Ivesur desde que inició sus operaciones como el taller que realiza la inspección para obtener la patente capitalina excede en US$ 500.000 a su inversión inicial, que orilló los US$ 4 millones.
Sin embargo, la firma demandó a la Municipalidad por un supuesto incumplimiento de contrato ante un tribunal arbitral y exigió a la Comuna y a la ciudadanía asuncena el pago de US$ 23 millones, una cifra que iba a ser una ganancia neta para la empresa, de haber concretado su pretensión.
De los US$ 23 millones, la empresa Ivesur pasó a reclamar US$ 12 millones y el laudo arbitral terminó otorgándole la razón en el litigio extrajudicial, y le ordenó el pago de US$ 3,6 millones.
Al haberse dado a conocer el monto de la ganancia de Ivesur, se deja en evidencia que la única intención de la empresa en el prolongado proceso extrajudicial fue la de aumentar su capital dado que nunca solicitó la rescisión del contrato.
Uno de los árbitros del tribunal, Raúl Sapena Giménez, consideró en el laudo que “no deja de llamar la atención” que la empresa no haya solicitado rescindir el contrato con la Comuna ya que podía hacerlo recurriendo a la cláusula 18ª del mismo e incluso podía exigir un resarcimiento económico con base en el supuesto incumplimiento.
En caso de que no se anule el fallo, se concretará un despojo al bolsillo del ciudadano capitalino por parte de una empresa que sigue prestando sus servicios y lo hará hasta el 2018.
El contrato entre Ivesur (empresa que forma parte de una sociedad anónima española y cuyo gerente general en Paraguay es Luis Ocampos) y la Municipalidad de Asunción entró en vigencia en el 2008 y tiene una duración de 10 años. En el 2012 intentó prorrogar el vínculo hasta el 2023.
Argumentos para la nulidad
La Municipalidad de Asunción presentó un pedido de nulidad del fallo del tribunal. En primera instancia solicitó una aclaratoria de la resolución condenatoria para que se explique la fórmula del cálculo de los intereses que son parte de la condena pecuniaria.
También pide impugnar la suma de intereses al monto establecido en la condena, ya que los mismos no fueron solicitados por la parte demandante. Sobre el punto, considera que el tribunal resolvió un tema que no se encontraba en controversia, sobrepasando su competencia de dirimir un conflicto.