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Concejales asuncenos se “lavaron las manos” ayer durante la sesión ordinaria ante las denuncias de nuestro diario de ser cómplices de una jugada al fisco. La empresa morosa Empo Limitada había cedido el contrato de explotación de Cateura a su propia empresa “limpia de deudas” Empo SA y contó con la aprobación del Legislativo y el Ejecutivo asunceno. Finalmente, ayer se aprobó sobre tablas revocar la resolución de cesión y solicitar a la Intendencia intervenir Cateura, ante la gran cantidad de irregularidades denunciadas.
“Si la empresa se hubiera sentido afectada por una falsa denuncia, se hubiera acercado, pero hasta ahora no lo hizo”, señaló el edil Javier Pintos (ANR), dando la razón a las investigaciones publicadas desde hace una semana por nuestro diario. El concejal Martín Arévalo (ANR) apoyó la revocatoria de la resolución de la Junta que aprobaba el cambio en el contrato y por ende la cesión. “No me quiero pegar a ninguna situación que se haya hecho mal”, comentó.
El concejal Sebastián Villarejo (PPQ), sin embargo, apoyó derivar el tema a Comisión, recordando que justamente la aprobación del documento en marzo fue apresurada y que no se debía cometer el mismo error. Lo acompañó la bancada oficialista.
Por su parte, Julio Ullón (ANR) dijo que mediante la intervención el municipio podrá ingresar a los estados contables. “Se habla de una evasión de G. 50.000 millones”, relató. Asimismo, criticó a la Intendencia por no hacer una revisión de los documentos que aceptó y que en realidad eran falsos, en referencia a la falsificación por parte de Empo Limitada del certificado de cumplimiento tributario, publicado por ABC el viernes pasado.
Finalmente, la moción de Julio Ullón tuvo diez votos y la de Félix Ayala (PLRA), nueve. Ullón propuso la revocatoria de la resolución y la recomendación a la Intendencia de una intervención y una investigación sobre la falsificación. Ayala pedía enviar todo a Comisión, así como Villarejo.
La problemática Cateura ha despertado la preocupación hasta de países extranjeros. Afecta a cuatro barrios asuncenos hace trece años y no hay indicios de que la empresa Empo Limitada piense en cumplir con su compromiso de mudar el vertedero a otro terreno.
Prometen investigar
La Intendencia emitió ayer un comunicado en el que niega su complicidad con Empo, pese a que el Ejecutivo fue el que pidió la modificación del contrato. “Iniciaremos las acciones legales ante las instancias correspondientes y se determinarán las consecuencias que un hecho de esa naturaleza podría implicar en la relación entre la empresa Empo y la Municipalidad”, dicta el documento. Se anunció que por ahora no se pagará a la empresa.