“Hay gente embarazada o con reposo, y también funcionarios que tienen 12 años de contratados y luego fueron jornaleros, todos estos casos son despidos injustos”, alegó Martín Arévalo, concejal colorado que pidió que se realice la solicitud de informe a la Intendencia. Además, aseveró que es necesario abrir una mesa de diálogo desde la Comisión de Asuntos Sindicales para resolver los diferentes casos de las personas que se han quedado sin trabajo “inmerecidamente”.
El concejal explicó que como órgano contralor es indispensable que la Junta cuente con los datos de nombre, número de cédula, cargo y antigüedad de los empleados desvinculados.
“Mario dijo que no iba a echar por echar a la gente, pero ahora eso no se está dando, puesto que no sabemos a quién sacan. Si ellos malgestionan, nosotros no podemos callarnos”, añadió.
Por otro lado, miembros de la bancada oficialista defendieron enérgicamente la decisión del intendente de no revelar los nombres, con el argumento de que el Código Laboral prohíbe publicar “listas negras”. En respuesta a los reclamos de la prensa ante la promesa incumplida de Ferreiro, estos manifestaron que el jefe comunal nunca dijo que sacaría a los planilleros de la Municipalidad y que esto fue un invento de los medios de comunicación.
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El intendente asunceno tiene ocho días para remitir la lista a la Junta. Días atrás, Ferreiro alegó que no tendría problemas de proporcionar los datos si estos eran solicitados por los concejales.
En total, son 557 las personas que fueron separadas de sus cargos, entre nombrados, contratados y jornaleros. Según el intendente, con la salida de estos funcionarios se ahorrarán G. 1.300 millones mensualmente, es decir, G. 17.000 millones en un año. En contrapartida, ya hubo 41 nuevas contrataciones con la actual administración.
“Tienen derecho a saber”
La concejala encuentrista Pepa Kostianovsky, de la bancada oficialista, afirmó que el intendente Mario Ferreiro incumple la ley al no publicar la lista de los desvinculados de sus puestos en la Municipalidad. La misma dijo que de esta forma se está encubriendo a los “planilleros”. “Ahora se está dulcificando diciendo que son personas con contratos no renovados nada más, pero todos saben que son funcionarios que no venían a trabajar. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son”, señaló.