La Seam habilitó 50 balnearios para la temporada veraniega 2017-2018

La Secretaría del Ambiente (Seam) dio a conocer ayer la nómina de 50 balnearios habilitados para la temporada veraniega 2017-2018 que cuentan con licencia ambiental. Se espera que sean estos los establecimientos que los veraneantes escojan para visitar porque en ellos, tras la inspección, se puede garantizar la calidad de los lugares.

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Todos los sitios usados como balnearios y playas (arroyos, ríos, piscinas de clubes, asociaciones, municipales) deberán contar con licencia ambiental para funcionar. La misma es expedida por la Seam y respalda que ellos ofrecen un buen servicio y están en armonía con la naturaleza.

A pesar de que nuestro país cuenta con cientos de lugares de esparcimiento, solamente 50 están aptos para este verano (ver infografía).

El director de Recursos Hídricos de la Seam, David Fariña, dijo que solo en los locales con licencia ambiental se puede garantizar que dentro de sus instalaciones están previstos criterios básicos de seguridad (señalización dentro del recinto), infraestructura adecuada para casos de accidentes (salvavidas, botiquines de primeros auxilios, etc.) y responsabilidad ambiental para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos.

En lugares visibles para los visitantes también debe haber provisión de agua potable. Los locales deberán contar con estacionamiento dentro del predio y control de la polución sonora.

La Seam anuncia controles sorpresivos y advierte que los infractores están expuestos a fuertes sanciones económicas que –de acuerdo al nivel de gravedad de cada caso– van entre G. 200 millones a G. 750 millones (3001 a 10.000 jornales)

Seam oculta nombres

Enrique Cañiza, de Asesoría Jurídica de la Seam, divulgó que se abrieron 62 causas a balnearios a nivel país por infracciones en la evaluación de impacto ambiental y de los cuales 34 han concluido con sanciones, mientras que 28 sumarios se encuentran todavía en trámites a la fecha.

Lo llamativo es que el ente estatal se “ufana” de que realiza estrictos controles y hasta sanciones, empero oculta –a pesar de insistentes pedidos– los nombres de dichos establecimientos amonestados y quiénes son sus propietarios. Por tanto, la ciudadanía no puede conocer si efectivamente se hicieron dichas diligencias.

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