El criadazgo persiste como práctica poniendo en estado de vulnerabilidad a cientos de niños, niñas y adolescentes en el país. Y el embarazo en niñas y adolescentes otro problema grave a consecuencia de los abusos sexuales que sufren dentro del entorno familiar.
“Somos una sociedad muy violenta, que tiene conciencia de esta situación pero que ha llegado al extremo de normalizar todos los actos de violencia, encontrándole sentido a lo que ocurre de forma cotidiana, a modo de evitar problematizar la situación; estas son prácticas, reflejo de nuestra actual sociedad”, indicó Aníbal Cabrera Echeverría, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA).
El representante de CDIA menciona que la mora judicial es otra arista a la cual debemos dar seguimiento, pues los pocos juzgados especializados de niñez que existen no dan una cobertura real a los casos que ingresan al sistema de justicia; se deben agilizar las investigaciones y resoluciones de procesos judiciales de casos que involucran violencia hacia la niñez y la adolescencia.
En las situaciones que pongan en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes, deben activarse todos los mecanismos de protección y la ley debe aplicarse de forma irrestricta, a fin de equilibrar la profunda asimetría de los actos de violencia de personas adultas hacia la niñez y la adolescencia, no solo en términos físicos sino también psicológicos, sociales, culturales, políticos e incluso económicos.
Sin inversiones adecuadas ni presupuesto
“En Paraguay existe el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia, creado a partir de la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 1680/2001, que se encuentra descentralizado en sus responsabilidades en los tres niveles de gobierno. En esta línea, la instancia conocida como Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente o Codeni, que consiste en un servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente, a cargo de las Municipalidades, no funciona de modo adecuado.
Esta situación se debe principalmente a la responsabilidad de las autoridades locales, pero también de las autoridades nacionales, puesto que no se destinan, en los presupuestos, los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo”, recalca finalmente Aníbal Cabrera.