El documento presentado ayer en el Auditorio de las Naciones Unidas ante la presencia de autoridades nacionales y representantes de ONU Mujeres y de organizaciones de la sociedad civil, propone una revisión de los distintos aspectos del abordaje de la violencia en el país; desde la legislación hasta las diferentes respuestas institucionales que se brinda a esta problemática, así como las dificultades encontradas por las mujeres víctimas de violencia para demandar el cumplimiento de sus derechos.
Carolina Taborga, de ONU Mujeres, señaló la importancia de contar con la nueva Ley de Protección Integral para las Mujeres, como un primer paso para avanzar. “Para que la ley sea efectiva se necesita contar con recursos e instituciones fuertes, con capacidad de articulación interinstitucional, y con una sociedad civil despierta, viva y atenta, con capacidad de denuncias y con capacidad de movilización”, indicó.
El documento presentado revela: “La falta de sensibilización y formación de muchos agentes públicos hace que las denuncias de las mujeres no sean atendidas ni priorizadas en la forma requerida. Una práctica apuntada es que muchas de las denuncias que recibe el Ministerio Público de parte de la Policía Nacional quedan a la espera de que la víctima se presente a ratificarse o impulsar el proceso, en ocasiones incluso, se señala la revictimización de la denunciante, ya que persiste una amplia aceptación y tolerancia de los actos violentos”.
En este sentido, la Ministra de la Mujer, Ana María Baiardi, también destacó que de cada 10 mujeres que sufren violencia física solamente 3 se animan a denunciar. Baiardi invitó a las mujeres a que se acerquen al Ministerio para acceder a los beneficios que ofrece la institución.
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La otra cruda realidad
Es importante mencionar que a pesar de lo oficialmente presentado ayer, la situación sobre la violencia contra las mujeres y niñas, según el Informe de la Codehupy 2016, destaca que:
“El Paraguay cuenta con herramientas legales para enfrentar está problemática. Los problemas centrales no son precisamente la falta de legislación apropiada sino más bien la incidencia de otros factores que son fundamentales a la hora de accionar ante hechos de violencia hacia las mujeres, como la falta de aplicación de las leyes, el acceso a la justicia, la persistencia de una cultura patriarcal y machista en los organismos estatales encargados de brindar protección y atención a las víctimas de violencia de género: la Policía, los Juzgados de Paz, los servicios públicos de salud, las fiscalías, entre otros.
“Uno de los grandes desafíos que debe enfrentar el Estado paraguayo es efectivizar su carácter laico, en consonancia con la Constitución Nacional, ni las instituciones estatales ni las autoridades dan cumplimiento a este mandato constitucional.
“A pesar de numerosas resoluciones ministeriales, acordadas judiciales y recomendaciones internacionales, el Estado no ha avanzado en la implementación de un registro unificado de los casos de violencia contra las mujeres. Tampoco es posible unificar los tipos de violencia ya que las denuncias pueden dirimirse en el ámbito civil o en el ámbito penal”.