María José Ocampos, titular de la Dirección General de Control de Recursos Sociales del Estado, junto a la supervisora Andrea Irrazábal y la auditora Natalia Molinas, de la Contraloría General de República, explicaron que hallaron desidia e irresponsabilidad en la implementación del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI), liderado por el Ministerio de Salud, que brinda leche nutricional a menores de cinco años.

“Encontramos muchas irregularidades, pero la principal es que faltó provisión en ciertos meses y los depósitos de las leches que se proveen a los niños están en malas condiciones. No son aptas para resguardar los alimentos”, indicó Irrazábal.

Los centros regionales que reciben los productos no cuentan con espacio físico para resguardar los alimentos, añadió la directora. “Estas verificaciones se realizaron en Asunción, Central, Chaco, Canindeyú, San Pedro y Caaguazú y todos los depósitos tenían deficiencias muy similares: depósitos caóticos, con excrementos de animales, filtraciones, humedad, termitas, apilaciones de más de cinco cajas, lo cual están prohibidas, entre otros”, apuntó Ocampos.

Molinas añadió que recogieron muchas quejas porque los que trabajan en los servicios no cuentan con apoyo económico para hacer lo que dice el protocolo que busca sacar a los niños de cuadros de desnutrición.

“No se hace seguimiento a los pacientes que están en tratamiento. Otra debilidad es que no tienen informes de los avances, de la situación de los pacientes, o base de datos estadísticos digitalizados. Solo completan una planilla en papel pero no saben informar cuántos beneficiados salieron de estados de desnutrición severa o si el programa impacta positivamente en la población. Igualmente no cuentan con registros a nivel país”, dijo.

Ocampos indicó que las verificaciones se hicieron en 2017, pero también constataron este año que se suspendió la provisión de leche durante seis meses por retraso en llamados licitatorios por parte de Ministerio.