El llamativo operativo de mudanza que se realizó el jueves mediante dos boquetes en el local del Instituto Paraguayo del Indígenas (Indi), finalmente derivará en denuncias contra los indígenas que tuvieron la intención de proteger el sitio ante la presencia de personas que consideraban extrañas. Así lo anunció la fiscala del caso Claudia Penayo.
Los nativos que cierran hace dos semanas el acceso al edificio, anteayer dieron aviso a la Policía al ver extraños y procedieron a “custodiar” las salidas. Finalmente, con la llegada de los efectivos se encontró que en el lindero con una casa vecina al Indi se habían abierto dos boquetes y se estaban sacaron mobiliarios.
El Indi, en una conferencia de prensa, no pudo afirmar ni negar si se contaba con la autorización de la presidenta del ente Ana María Allen, pero en horas de la noche, la fiscala afirmó que sí era una mudanza programada. Los 13 demorados fueron liberados.
Ayer la presidenta Allen confirmó que la mudanza “con boquetes” estaba programada. Defendió su gestión afirmando que sí asiste a las comunidades y aseveró que no renunciará a su cargo.
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Los indígenas no aceptaron la versión. “Suerte le pillamos a esta gente, porque si llevaban todos los documentos de acá sin saber nosotros, nos iban a culpar. Eso fue un robo, ¿por qué el apuro de mudarse?”, expresó Epifanio Caballero, representante indígena.
“Ella no quiere entender que los indígenas no le quieren porque no habla guaraní, no entiende nuestra cultura y discrimina a los líderes”, manifestó.
La fiscala adelantó que abrirá otra carpeta por amenazas al momento de su constitución en el Indi. “Hay que investigarlos y llegar hasta el fondo, porque no puede ser que por unos pocos que estén invadiendo y molestando frente al Indi, muchos que realmente necesitan no puedan recibir ayuda”, agregó.