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El lunes 4 de setiembre, un día antes de que Sarubbi Gamarra informara de su renuncia al cargo a través de las redes sociales argumentando motivos personales, la ministra Lea Giménez, titular del Consejo Nacional de Empresas Públicas, envió una nota al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, resumiendo las irregularidades detectadas. Remitió asimismo la copia de la auditoría del Ejecutivo que concluyó en marzo. Lo hizo bajo patrocinio del abogado del Tesoro, Fernando Benavente. Menciona, por ejemplo, compras por G. 16.900 millones a través de fondos a rendir, sin que exista un reglamento del uso del dinero de este rubro y la provisión de facturas falsas por valor de G. 551 millones, entre otros.
Hacienda argumenta que “estaríamos en presencia de indicios de la supuesta comisión de hechos punibles de acción penal pública contra el patrimonio del Estado”. Queda en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos designar al agente que deberá investigar la administración de Sarubbi Gamarra.
La denuncia de Hacienda justo se dio una semana después de que se publicara un informe del Banco Mundial que menciona la adjudicación de un contrato de US$ 7,5 millones a un consorcio que había presentado documentos falsos para ganar la licitación. Se trata del Consorcio Bella Vista, compuesto por la española Magtel SAU y la norteamericana Enviromental Risk Service-ERS), representado por Javier Gala y Paola Rodofi. La firma construyó el relleno hidráulico en el Bañado Norte, donde se erigirá la planta de tratamiento de efluentes. En el mismo sitio, Bella Vista debía construir 96 viviendas para las familias afectadas. Ahora otra empresa deberá construir las casas.