La fiscalía investiga la lesión al patrimonio de la Comuna de Asunción por US$ 3,6 millones.

El exdirector jurídico y actual contralor, Enrique García, es el principal blanco.

Los concejales colorados están atentos a las acciones de Mario Ferreiro y amenazaron con una intervención si no pone de su parte para aclarar la situación.

Mario Ferreiro, por su parte, minimizó el hecho diciendo que los ediles solo solicitan una investigación, algo que él también ha peticionado a la fiscalía.

Enfatizó que estos se concentran solo en lo sucedido durante su periodo y, sin embargo, él pidió a la fiscalía que se investigue todo el proceso en los últimos diez años, es decir, el periodo de Arnaldo Samaniego y Omar Pico (ANR).

Expresó que cuando todo el conflicto empezó él “estaba trabajando en un medio de comunicación y no estaba en la Municipalidad”.

Omitió mencionar que fue durante su periodo que no se apeló el fallo de un tribunal arbitral que favoreció a la firma Ivesur, encargada de la inspección técnica vehicular. El responsable de no apelar era el entonces director jurídico municipal Enrique García, quien ahora es contralor.

El jefe comunal también señaló que entiende que hay una agenda política y que muchos están preocupados de si “Mario se va a candidatar o no (a presidente)”, en referencia a que colorados tratarían de armar escándalos para mancharlo.

Consideró que la situación “contamina” y pidió por favor que lo dejen trabajar.

Colorados siguen firmes

El concejal Daniel Centurión (ANR) indicó que si la Junta Municipal ve que Ferreiro lidera el proceso de denuncia y de investigación para transparentar todo el proceso, van a descartar cualquier acción.

Sin embargo, si se descubre mediante los resultados de la investigación del Ministerio Público que él es cómplice, harán uso de la atribución de contralor para llevar a cabo una intervención, según el edil. Negó que se trate de una persecución política y dijo que únicamente se están defendiendo los intereses de la ciudadanía.

La fiscalía tiene abierta una investigación por producción de documento público de contenido falso. Esta fue ampliada con la posible comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación indebida y asociación criminal.