“Entregamos a la Presidencia de la República la lista de las 102 personas que no cumplen una función específica dentro de la institución y tienen una antigüedad de entre 2 a 7 años. El perjuicio patrimonial al ente por cobro indebido de dichos planilleros rondaría los G. 500 millones por mes y en forma anual, unos G. 6.000 millones”, informó Armando Rodríguez, gerente de Desarrollo y Gestión del IPS, quien había prometido dar a conocer dicha nómina.
Sin embargo, en la víspera, recorrimos en vano el despacho del gerente, la Secretaría de la Función Pública y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, sin poder acceder a los nombres de funcionarios que cobran sin trabajar.
Rodríguez dijo que esperaba la autorización del Ejecutivo para informar sobre las 102 personas de la lista. De la nómina, 87 corresponden a personal de blanco (médicos y enfermeros) y 15 son del área administrativa. Las mismas tienen un salario promedio de G. 5.000.000.
“Tenemos muy pocos médicos y no vi a personas con rangos elevados ni gremialistas en la nómina”, dijo.
Señaló que investigarán a los funcionarios, para tomar las correspondientes determinaciones. Quienes están contratados serán desvinculados inmediatamente, según estipula el Código Civil, y en cuanto a los nombrados el Área Jurídica les iniciará un sumario para definir por qué no estaban cumpliendo sus funciones en su lugar de trabajo. Y si percibieron salario, sin trabajar, tendrá una derivación penal, porque es un cobro de dinero indebido, a costa del patrimonio del IPS.
Armando Rodríguez precisó igualmente que, además de la nómina presentada a la Presidencia, más de 360 personas están en proceso sumarial que se está terminando dentro de 15 días.
El grupo corresponde a funcionarios que tuvieron faltas o inasistencia durante el año 2015. Estos empleados tuvieron descuentos en sus salarios en su momento, por los días no trabajados. Y hace dos semanas se desvinculó a un total de 14 personas que ingresaron a cargos de confianza y que tenían salarios que rondaban los 9 millones de guaraníes.
Rodríguez recordó que el año pasado 56 personas fueron desvinculadas por ir a marcar y salir de vuelta de la previsional que cuenta con unos 16.000 trabajadores.