Sin embargo, el artículo 21 del Decreto 2366 que reglamenta la Ley 5210 de Alimentación Escolar y control sanitario del Ministerio de Educación y Ciencias contempla entre los que deben ser beneficiados con el almuerzo escolar a “los estudiantes de algunas instituciones privadas subvencionadas designadas según criterios establecidos por el MEC”.

Consultamos a la directora de Gestión Social del MEC, Milena Fernández, por qué no se tuvo en cuenta el citado decreto para evitar que los niños de la escuela Despertar, ubicada en una zona de contexto de vulnerabilidad y pobreza, se queden sin almuerzo y nos explicó que la Ley 5210 en su Artículo 1°, en cuanto a los beneficiarios del almuerzo, no discrimina nivel, modalidad ni gestión (publicas, privadas o subvencionadas), pero que el problema está en la Ley de Fonacide que limita el uso de los fondos para beneficio exclusivo en instituciones oficiales.

“El proyecto del Municipio de Mariano Roque Alonso establece como fuente de financiamiento el Fonacide y eso conlleva indefectiblemente a limitar a lo que dice la ley, pues por principio de la administración, lo que no autoriza la ley, está prohibido”, indicó Fernández y añadió que el municipio puede buscar otras fuentes de financiamiento para proveer el almuerzo escolar.