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Ministra admite que “planillerismo” sindical carece de respaldo legal

Este artículo tiene 13 años de antigüedad
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La ministra de Educación, Marta Lafuente, dijo ayer que un equipo de funcionarios analiza actualmente el marco legal que respalda la repartija de rubros docentes entre sindicalistas del magisterio nacional, quienes no cumplen funciones en ninguna institución educativa pero cobran sueldos. Esta práctica está avalada únicamente por resoluciones de ministros de Educación.

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Solamente la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), uno de los tantos gremios que existen en el magisterio nacional, tiene 42 licencias sindicales. Es decir, 42 dirigentes sindicales cobran todos los meses con rubros de docentes que están asignados a instituciones educativas oficiales, aunque en la práctica se dedican exclusivamente a “trabajar” al servicio de sus gremios.

Se trata de una práctica extendida en algunas instituciones públicas como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), no así en ministerios, como el de Salud, en que los representantes gremiales, beneficiados con licencias sindicales, de igual manera deben trabajar.

En ese sentido la ministra de Educación, Marta Lafuente, dijo que actualmente un equipo de funcionarios analiza las condiciones en que se otorgaron las licencias en Educación y el marco legal, si es que existe.

Lo que se tiene hasta hoy es que las mismas fueron otorgadas exclusivamente por resoluciones de los ministros que le antecedieron en el cargo, es decir, actos administrativos totalmente discrecionales, que no están autorizados por ninguna ley.

Lo que dice la ley

El artículo 38 de la Ley N° 1725, “Estatuto del Educador”, establece que en materia de licencia sindical para dirigentes de organizaciones gremiales nacionales o regionales inscriptas ante la autoridad administrativa del trabajo y acreditadas ante el Ministerio de Educación y Cultura regirán las disposiciones del Código del Trabajo.

En ese sentido el Código Laboral, en su artículo 62 inciso I, expresa que “Son obligaciones de los empleadores: Otorgar licencia a los miembros directivos sindicales para desempeñar las actividades indispensables en el ejercicio de sus cargos sin estar obligado el empleador a darles retribución”.

La ley es clara al decir que las licencias no equivalen al pago de una retribución, pero aún así el MEC paga con rubros docentes a 124 dirigentes sindicales.

Solo las licencias de la FEP, cuya lista se publicó la semana pasada, significan un gasto de G. G. 1.692 millones en el presupuesto del Ministerio de Educación, cada año.

Directores, catedráticos y alfabetizadores

La resolución por la cual el anterior ministro Horacio Galeano Perrone otorgó licencia sindical a 42 dirigentes de la FEP, asigna a los mismos rubros de directores, catedráticos y hasta alfabetizadores.

El caso más grave es el de Carlos Parodi, líder de la FEP, quien, además de tener rubros de un colegio en el que no enseña, aparece como director de una institución educativa de Villa Elisa que cerró hace siete años.

La otra institución educativa en la que el dirigente sindical “planillea”, el colegio San Martín, de Asunción, carece de rubros para evaluadores y orientadores, según admitió su directora, Reinalda Cárdenas.

Los sindicalistas con licencia no sufrieron descuentos en sus salarios por la huelga, a diferencia de los demás afiliados a la FEP.

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