La jubilación de un total de 1.417 funcionarios de 63 municipalidades de diferentes departamentos del país está comprometida seriamente debido a la morosidad de sus empleadores.
Las municipalidades retienen el dinero y no lo transfieren a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPM). Hasta la fecha la deuda de las 63 comunas asciende a G. 26.243 millones, de los cuales unos G. 15.000 millones corresponden a la intendenta Sandra McLeod, de Ciudad del Este, y a Armando Gómez de Lambaré. Ni siquiera el 30% de sus funcionarios están afiliados a la Caja. Utilizan la figura de contratados para eludir la ley y ubicar a sus operadores políticos, familiares y amigos. Una de las críticas justamente es la contratación excesiva de funcionarios, más de lo que requieren estas instituciones.
La Municipalidad de Lambaré, por ejemplo, cuenta con un total de 890 funcionarios, pero para la Caja de Jubilaciones solamente posee 250. La Comuna retiene el aporte jubilatorio de estos funcionarios así como la cuota de los préstamos y no los transfiere a la Caja. Hasta la fecha Lambaré adeuda la suma de G. 13.700 millones, aporte y préstamo.
Entre las morosas resaltan dos pequeñas municipalidades que fueron creadas en 2011, hace apenas siete años. Una de ellas es la Municipalidad de Cruce Liberación (Departamento de San Pedro) y la otra es Sargento José Félix López (Departamento de Concepción).
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De acuerdo con la norma que rige a la Caja los intendentes pueden ser miembros del consejo administrativo del ente. Por este motivo actualmente Roberto Cárdenas integra el consejo administrativo. Cárdenas fue intendente de Lambaré por el Partido Colorado en dos periodos (2006-2015) y fue el responsable de elevar la deuda de G. 500 millones a G. 12.000 millones.