Los 112 moradores del complejo habitacional construido por el Gobierno para reubicar a una parte de las personas afectadas por la obra de la avenida Costanera I están negociando con la Municipalidad para conseguir el título del inmueble.
Aun sin tener los papeles que avalen la propiedad de la casa, muchos de los habitantes invirtieron en la ampliación.
Para cualquier obra en un inmueble las personas deben contar con el permiso municipal correspondiente, lo que en este caso obviaron los moradores del complejo habitacional denominado Villa General Santos.
Es vox populi en los pasillos de la villa que varias familias alquilaron las viviendas para conseguir ingresos extras. Por ejemplo, Gustavo Valentín Mendoza que vive en el bloque 2 alquila su vivienda a un tal Lucho. En una visita a la casa, el inquilino lo confirmó, pero se negó a mencionar la cantidad que abona a Mendoza.
También Ciriaco Fernández arrendó la suya. Explicó que es porque “no puede trabajar por su dolor de cintura”. En el mismo bloque vive su madre, Rosaria (81). La lista de beneficiados que están arrendando a terceros su casa son: Ninfa Gavilán (bloque 3), Liliana Troche (bloque 1), María Tullo, María Cardoso, Amada Matto, Pastor Peralta y Lucila Franco. No se sabe qué pasará con la vivienda de Mario Maidana (bloque 4), quien falleció el año pasado. Su madre Agustina que fue beneficiada con otra casa en la zona cree que la casa debe quedar a los huérfanos.
Entre los beneficiados figura un funcionario de la Cámara de Diputados, Alfredo Báez. Su padre Pelagio y su hermana María Sonia también, cada uno con una vivienda en el bloque 3.