Comentó que en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial la institución a su cargo tiene G. 5.600 millones en multas que no se mueven. Además, en el Juzgado de Justicia G. 627 millones, Juzgado de Paz G. 787 millones, y en resoluciones administrativas dentro del Ministerio de Ambiente, que desde esta administración comenzó a moverse de nuevo, son G. 1.800 millones. “En total G. 8.800 millones en expedientes parados. En su mayoría están todos en el Poder Judicial, específicamente en la Sala del Tribunal de Cuentas 1ª y 2ª Sala. La Justicia también es una herramienta que tenemos que hacer que funcione para que no haya impunidad”, refirió.
Oviedo habló además de una reciente intervención realizada por la cartera en Bahía Negra, en la Comunidad Indígena Yshir, donde un parlamentario se hizo eco de la denuncia, al igual de otras comunidades, que fue un éxito porque se constató una alteración de 1.000 Ha., cambio de uso de suelo ilegal. Agregó que todas estas intervenciones son comunicadas a la Fiscalía, pero las personas denunciadas recurren a la Sala del Tribunal de Cuentas y muere ahí cualquier acción que el Ministerio pueda tomar.
“Queremos revertir esta situación. Tengo pendiente una reunión con el presidente de la Corte Suprema (José Torres Kirmser) para hablar justamente sobre este tema”, destacó Oviedo.