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El director de Policía de Canindeyú, comisario general inspector Vidal Achucarro, declaró ayer que un grupo de agentes ingresó a la zona del asentamiento indígena, en el predio de una estancia privada y comprobó que no hay heridos.
En principio, se habló de un enfrentamiento entre los guardias privados que custodian la finca y los nativos que ocupan una parte de la propiedad. La Policía no podía corroborar la situación debido a que los propios indígenas no permitían el ingreso a los uniformados. Sin embargo, ayer a la tarde accedieron a dejar pasar a la Policía que no halló a ningún herido. El hecho ocurrió en el distrito de Corpus Christi, entre Francisco Caballero Álvarez y la frontera del Brasil, a unos 400 km al noreste de Asunción.
Paublino Oliveira, facilitador de Justicia y miembro de la comunidad ancestral, filmó el jueves con su celular el momento en que unas personas disparaban, asegurando que son pistoleros brasileños.
“Ayer quise retornar a la comunidad para averiguar cómo están los indígenas pero en el cruce una camioneta Hilux Blanca nos siguió, por lo cual decidimos no ingresar. Esa es la camioneta de los matones. El jueves cuando salí de la comunidad me agarraron policías para indagar qué hacía en la comunidad y con ellos estaban dos brasileños y el supuesto dueño. Pasé muy mal. Al día siguiente recibí la alerta que hubo heridos, pero ya no pude retornar porque temo por mi vida”, explicó.
Desapropiación
Dora Penayo, de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, a priori informó que las tierras ocupadas por los indígenas eran propiedad privada, pero luego señaló que deberá investigar mejor la situación porque recibió información de que la comunidad existió, y que se trata de un territorio ancestral.
“Debemos tener en cuenta que el Estado tiene una larga deuda con los indígenas y que hay un proceso de extranjerización de las tierras en esa zona y desapropiación de los indígenas. Existe mucho conflicto por la tierra y no es la primera vez que usan grupos parapoliciales para ahuyentar a los indígenas y ya hubo muertos. Los indígenas tienen derecho a recuperar sus tierras”, dijo.
Por su parte, el supervisor de Educación Indígena, Osvaldo López, indicó que la comunidad Tacuarái está registrada desde el año 1980 y que el documento está en el Indert, y que allí incluso hubo una escuela, pero que en 1990 fueron expulsados, y ahora los descendientes volvieron a tomar el lugar que les pertenece. Solicitó a las autoridades que tomen cartas en el asunto.