Desde diciembre del año pasado se encuentran en ese lugar alrededor de 60 familias mbya y ava guaraní de la comunidad Jetyty Mirî, de Canindeyú. El líder Germán Vargas afirmó que fueron expulsados de sus tierras por orden fiscal. Piden unas 500 hectáreas de las 300 que el Estado había adquirido en Alto Paraná, pero no reciben aún respuestas, a pesar de los insistentes reclamos al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
“Nuestros hijos ya están perdiendo clases porque seguimos acá varados en Asunción, pasando hambre. Los gobernantes no nos hacen caso. Nosotros ya nos queremos ir”, dijo Nilza Vera, nativa de Canindeyú.
Agregó que si no fuese por la constante ayuda de la ciudadanía, ya estarían “muriéndose de hambre”, principalmente las criaturas. “La gente nos trae víveres, ropa para nuestros hijos; hasta juguetes nos regalan. Estamos muy agradecidos con la gente, especialmente con los funcionarios del Congreso; ellos a cada pasada nos dan alguito para comer”, enfatizó, visiblemente emocionada la joven madre.
Diosnel López, del Distrito de Nueva Toledo del departamento de Caaguazú, comentó que llegaron a la capital hace dos semanas. Reclaman víveres, chapas y medicamentos. Exigen al Indi una respuesta inmediata, teniendo en cuenta que también tienen problema de tierras.
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Señaló que en Toledo tienen 5 hectáreas de tierra, y exigen que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) realice una verificación para corroborar si esas tierras les pertenecen al Estado.
“Nosotros tenemos miedo de que nos desalojen, como pasa normalmente. Hay rumores de que pertenece al sector privado. Les pedimos explicaciones al Indi y al Indert, pero nos ignoran”, lamentó. Quisimos conocer la versión del presidente del Indi, Aldo Saldívar, pero no respondió su celular.