No respetan medida cautelar y sigue la deforestación de la finca 470

Indígenas aché que reivindican la finca 470 como su territorio ancestral denunciaron que algunas familias ava guaraní que tienen apoyo de la Seam no respetan la prohibición de innovar y están convirtiendo los árboles en rollos y postes que venden a terceras personas.La finca 470 fue adquirida por el Estado como área de amortiguamiento de la Ruta X y luego fue transferida a la Secretaría del Ambiente, para que sea convertida en una reserva.   

Hay documentos que prueban que en la década del 70 los nativos aché utilizaban esta área como territorio ancestral, luego fueron expulsados al venderse lo que era la finca 470 a un ciudadano oriental. Una vez a nombre del Estado, en el 2000, volvieron a ingresar al terreno.   

Esta etnia sufrió sangrientas persecuciones, que fueron calificadas de genocidio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al país por este caso.   

El inmueble de 4.600 hectáreas se encuentra en el distrito de Curuguaty.   

Durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se reconoció como territorio ancestral de los aché y se les autorizó su cuidado por cinco años. En junio de este año, en cambio, la Secretaría del Ambiente decidió partir el inmueble en dos, dando una parcela a los aché y la otra a los ava guaraní.   

Molestos por esta decisión, los aché recurrieron a la justicia e interpusieron una acción en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo contra el ministro del Ambiente, Oscar Rivas, y el tribunal decretó la no innovación en el terreno. Se dispuso también la realización de un censo, cuyo resultado demostró que solo cuatro familias estaban en la zona.   

Los aché reclamaron a Rivas el motivo de la partición del inmueble, porque la misma se realizó sin consulta a los nativos, como exigen las leyes nacionales e internacionales, pero aun así empezaron a aparecer más nativos, quienes empezaron a ubicarse en precarias chozas de hule.   

La medida cautelar fue dictada hasta tanto termine el juicio contra la división del inmueble, dispuesto por la Seam.   

Uno de los censados, el ava guaraní Hilario Gómez, vive con Lucas González y tres menores de edad. Ellos actualmente han firmado un acuerdo con un tal Ramón Pérez para venderle postes y rollos de unas 300 hectáreas que forman parte de la finca 470. Recibió incluso 15.000.000 de guaraníes por las entregas.   

El asesor de los nativos Ezequiel Santagada y la líder Margarita Mbyguangi exhortaron a la Seam el cese de explotación de los montes, porque los ava guaraní que realizan este trabajo no tienen la licencia ambiental, además existe la disposición de innovar.   

Advirtieron que si no se frena la deforestación, el ministro  Rivas podría ser imputado,  tal como establece la Ley 716/96.