El informe de auditoría interna de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) de julio de 2014, que recién ahora salta a la luz pública, revela numerosas anomalías en la instalación del sistema de alcantarillado sanitario en la avenida Primer Presidente, zona del Botánico.
La obra ejecutó la empresa SyS Construcciones, representada por Enrique Soler, adjudicada en 2011 para instalar más de 5 kilómetros de desagüe subpluvial, desde el túnel de la avenida Primer Presidente hasta el río Paraguay.
El documento de auditoría señala que en las cañerías se acumulan arenas, que los tubos registran fisuras y deformaciones debido a la presión que recibe por el hundimiento del pavimento que no fue bien compactado. Refiere, así mismo, que se modificó el proyecto y se emplearon materiales diferentes a los establecidos en el pliego de bases y condiciones. Justamente en esa zona, cada vez que llueve, se forma géiser de cloaca.
La obra se dejó a medio terminar, pese a que SyS Construcciones facturó más de G. 10.000 millones a Essap. Se habla de un daño patrimonial al Estado puesto que realizó un millonario desembolso en un sistema que ahora es inservible o no se puede usar. La administración de Osmar Sarubbi dejó vencer la póliza, según la auditoría.
Para corregir la mala obra, Essap debe volver a invertir mucho dinero. El sistema ya no deberá orientarse hacia el río Paraguay sino a la zona de Cara Cara (Bañado Norte), donde el Ministerio de Obras Públicas construirá la planta de tratamiento de efluentes cloacales. El proceso licitatorio está en curso. Actualmente se encuentran en estudio las ofertas económicas. En el sitio la Essap ya ejecutó el relleno hidráulico, cuya licitación investiga el Ministerio Público a raíz de la denuncia de una denuncia por provisión de documentos falsos por parte consorcio Bella Vista (Magtel - ERS), representado por Javier Gala y Paola Rodolfi.
Nunca ejecutó buenas obras
La Essap nunca ejecutó buenas obras hasta ahora. Las redes que instaló en 2010, en la Cuenca de la Universidad Católica, que afecta a los barrios Obrero, Roberto L. Petit, y Tacumbú, no pueden ser utilizadas. En ese proyecto la estatal invirtió alrededor de G. 11.500 millones. Pese a las denuncias no hubo procesados y todo indica que quedará en la nada.