Ovelar calificó de “lugares” y no de “institución” a algunas universidades e institutos superiores que solo fueron creados para lucrar, sin importar la calidad.
Como ejemplo citó la ley que derogó el instituto Latinoamericano (que fue clausurado en junio) y que en realidad se había creado para el “Instituto Superior Santa Clara de Asís”, que posteriormente consiguió otra ley que la elevó a “universidad”.
Explicó que Santa Clara de Asís conservó su habilitación anterior y que luego se “negoció” o vendió para adjudicarlo a la institución mencionada inicialmente cambiándole el nombre.
La legisladora se ratificó en que esto se habría logrado mediante funcionarios del Poder Legislativo y que según las informaciones a las que accedió, este esquema se habría repetido con otras instituciones educativas del nivel terciario.
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Agregó también que muchas otras “universidades de garaje” habrían hecho el mismo procedimiento y que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debe revisarlas una por una.
Ovelar dijo que “el Instituto Latinoamericano nunca tuvo un proyecto de ley. Esto significa que no son 6.000 los estafados, son más”, detalló la parlamentaria.
El presidente del Cones, Hildegardo González, manifestó que dicha instancia se creó en el 2013 con presupuesto cero y luego consiguieron 6.000 millones, pero no alcanzan para ejercer un exhaustivo control de todas las casas de estudios del nivel terciario instaladas en el país. Pese a estas limitaciones, dijo que están trabajando en procura de lidiar contra las anomalías en el sector.
También cuestionó la famosa Ley 2529/04, que rigió del 2006 al 2010, más conocida como “Ley Marcos” (en alusión al exsenador Juan Manuel Marcos), que facilitó la creación de casi 30 instituciones sin control.
El ministro de Educación, Enrique Riera, ha declarado que las “universidades de garaje”, son un negocio que mueven millones de dólares mensuales y que están involucrados “políticos de todos los colores”.