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Actualmente, por ejemplo, más de cien intendentes aún no presentaron su rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos, pese a que el plazo de presentación ya venció el 18 de mayo.
La modificación de la Ley 4758/12 de Fonacide es un pedido formal de organizaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), para acabar de una vez por todas con “el carnaval y despilfarro” de estos fondos, según subraya el titular del gremio, Miguel Marecos.
“El gasto público de educación es del 11,6% del gasto gubernamental total, mucho menos al 20% de lo establecido en la Constitución Nacional, si a eso le sumamos la baja inversión del PIB en educación, de apenas 3,8%, cuando debería ser del 7%, es inconcebible que los recursos de Fonacide se despilfarren cada año”, dijo.
Según la senadora Blanca Ovelar con la plata que se entregó a los municipios y gobernaciones en concepto de Fonacide, en cinco años, se podría haber pagado tres reformas educativas completas.
Sinadi quiere que el MEC gerencie los recursos de Fonacide por la mala gestión y malversación de los intendentes y gobernadores, quienes ante una cómplice impunidad no cumplen hoy ninguna condena pese a flagrantes hechos de corrupción.
Entre las debilidades también mencionan una malla curricular desfasada, mala cobertura y distribución de la merienda y almuerzo escolar; mala entrega de los kits; falta de seguridad, entre otros.