Marta Coronel, bajo patrocinio de su abogado Fidel Cardozo, presentó una denuncia contra los responsables del caso Ivesur, que terminará costándole a la Municipalidad de Asunción –es decir, a la ciudadanía– US$ 4.281.000, de los cuales 3,6 millones corresponden a la sentencia en sí y 600.000 en concepto de honorarios.
Según la denuncia, la Ley 1879/02, “de arbitraje y mediación”, indica que no podrán ser objeto de arbitraje aquellos casos en los cuales se requiera la intervención del Ministerio Público.
La Ley Orgánica Municipal establece en su artículo 20 que la Junta Municipal tiene entre sus atribuciones regular el monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. Según la denuncia, la concesión de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) viola esta normativa ya que –al ser una empresa privada– prevé en su costo operativo un lucro, una “circunstancia fáctica-jurídica que no admite la ley”.
Recordó que la Municipalidad de Asunción tiene ganada la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de ITV y “nadie le puede obligar válidamente a pagar algo por el incumplimiento de una ley que no surte sus efectos por ser inconstitucional e ilegal”.
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Con base en lo expuesto, la denuncia subraya el artículo 170 de la Constitución Nacional, que en su capítulo “De la protección de recursos” sostiene que ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de municipalidades.
Coronel presentó esta denuncia ante el Ministerio Público el 18 de noviembre de 2016.
En cuanto a la investigación, peritos caligráficos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía, a cargo de la fiscala Nadine Portillo, se encuentra peritando las escrituras de 20 funcionarios de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial quienes niegan haber recibido la apelación de la Comuna, dentro del plazo legal, contra la sentencia que favoreció a la empresa Ivesur.
Con las averiguaciones se pretende determinar si la firma de recepción y los sellos que obran en la copia de la apelación de la Comuna corresponden o no a la escritura de algún funcionario del Tribunal de Apelaciones.
Esta investigación se realiza cuando los funcionarios judiciales de la cámara y los informes de mesa de entrada de tribunales coinciden en que no recibieron el escrito de apelación de la Comuna.
Pese a las versiones en contra, el exasesor jurídico de la Municipalidad, José Enrique García, aseguró que la apelación sí se presentó y exhibió un documento en que se ven las firmas de los funcionarios que recibieron el escrito. El mismo fue exhibido también por el exjefe de Gabinete, Juan Max Rejalaga, quien aseguró que la Municipalidad no pagaría un solo guaraní por la demanda, pero, consultado sobre el nombre del funcionario que recibió la apelación, no supo responder.
La apelación presentada a destiempo le causará a la Municipalidad de Asunción un daño patrimonial de US$ 4,2 millones. El intendente Mario Ferreiro puede accionar contra García, quien actualmente es contralor general de la República, pero hasta el momento no lo hizo.
Dijo que espera los resultados de la investigación con base en la denuncia presentada contra funcionarios judiciales que dijeron no haber recibido el escrito.