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Ledezma, por ejemplo, cobra G. 38.400.000 en concepto de salario y gastos de representación como intendente, según consta en planilla oficial del municipio. A esto se suma su sueldo de docente de G. 10.812.512, sumando salario, gasto de representación, subsidio familiar y escalafón docente.
El político afirmó que el tiempo no es un problema para supuestamente cumplir ambas funciones. “Me alcanza gracias a Dios aunque en ese caso preferiría dejar mi cargo en la Municipalidad. Como es un municipio nuevo, no hay nada. Pero la ley me permite y aparte el tiempo me da”, indicó. Detalló que trabaja a la mañana en la Municipalidad, y a la tarde da clases en el Colegio Nacional Nemesio Cano y por las noches asiste como encargado de despacho y docente responsable de educación de jóvenes y adultos en el Centro de Educación Permanente.
En cuanto a la intendenta de Paraguarí, Burgos de Baruja, esta no atendió el teléfono para explicar su situación. Según datos oficiales, la misma cobra en el MEC, G. 3.216.430 y como intendenta G. 18.000.000.
Político-docente
Otro caso es el del concejal de Paraguarí, Hugo Cáceres, quien cobra en la municipalidad G. 24.000.000 mensuales en concepto de dieta y otros beneficios, más G. 6.297.926 en el MEC, aunque afirma cobrar una suma menor mensualmente.
“Estoy en el Colegio Nac. de Enseñanza Media de Paraguarí”, sostuvo Cáceres aunque finalmente reconoció que no está en aula sino en un cargo administrativo.
“Estoy en la parte técnica, no entro en aula, cumplo horario de trabajo de 7:00 a 11:20, de 13:00 a 17:00 todos los días en la institución, desempeño la función de Secretaría General”, expresó.
Al igual que en el caso de Ledezma, dijo hacer una “ingeniería” para compatibilizar sus supuestas horas en clase con sus funciones en la Municipalidad.
MEC derivó caso de fallecidos a fiscalía
Estos hechos son independientes a la denuncia ante el Ministerio Público, presentada por el ministro de Educación, Eduardo Petta en el caso de nueve difuntos “planilleros” que siguen cobrando cada mes sus salarios.
Se busca determinar quién o quiénes cobran el dinero de las tarjetas cuyos titulares ya fallecieron. Se apunta a familiares y a funcionarios del propio Ministerio.