La última ampliación presupuestaria que la Junta Municipal aprobó a pedido del intendente asunceno, Mario Ferreiro, fue de G. 19.432.658.013, más una reprogramación de G. 7.149.889.239. Se decidió el último 23 de agosto y el dinero era para pago de salarios, por lo que los concejales agregaron una cláusula que prohibía la contratación de más funcionarios.
El Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) denunció el lunes que serían 300 los jornaleros que ingresaron solo en octubre.
La directora municipal de Recursos Humanos, Mirtha Frutos, negó rotundamente que se haya colocado a esa cantidad de gente. Explicó que solamente se contrató temporalmente a 60 personas. Comentó que esto es debido a una necesidad del municipio en diferentes direcciones como Recaudaciones, Policía Municipal de Tránsito (PMT) y el Mercado de Abasto.
Aseguró que fueron pedidos taxativos de los directores, quienes expresaron la necesidad.
Aseveró que las resoluciones por las que se les contrata son anteriores a la resolución municipal que las prohíbe, la que recién ahora entró en vigencia. Agregó que, además de los 60, hay “funcionarios nuevos” que en realidad entraron en vez de sus familiares enfermos, lo que está estipulado en el contrato colectivo, pero no supo precisar cuántos son.
Por su parte, el procurador municipal, Efrén Silva, informó que hasta el momento se realizaron 201 sumarios a funcionarios y hay 336 causas abiertas a la fecha. Un 85% son por el problema de ausencias, dijo.
Además, unos 117 casos fueron dictaminados para que próximamente se abran los sumarios. Esto fue tras fiscalizaciones y denuncias de los propios directores.
Comentó que hubo “autodepurados” en el año 2016 tras la implementación del reloj biométrico, puesto que hubo gente que decidió renunciar.
Contrato colectivo los ampara
La Comuna asuncena tiene 7.098 funcionarios y existen diez sindicatos, según la Dirección de Recursos Humanos. Estos últimos son los que “protegen” a los funcionarios, amparados en el contrato colectivo. Liz Riveros, asesora jurídica de la Dirección, explicó que por ejemplo, hay personas que cumplieron 55 años de edad y los 30 años de trabajo, pero no desean jubilarse y el contrato los ampara.
Esto afecta a direcciones que, por ejemplo, necesitan usar tecnologías, a lo que los antiguos funcionarios se rehúsan. Además, direcciones como Aseo Urbano y PMT necesitan de más recursos humanos, pero los funcionarios no desean cambiar de área.