Presentan proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres

Este miércoles 8, a partir de las 9:00, la Comisión de Equidad y Género, presidida por la diputada Rocío Casco, convoca a una audiencia pública sobre: “Proyecto de ley de protección integral a las mujeres”, para debatir y analizar el proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres.

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La Comisión de Equidad con el apoyo del Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres y la Coalición para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer impulsan la campaña #PorEllas con el objetivo de sumar apoyo para la aprobación del proyecto de ley de protección a las mujeres. El proyecto de ley será presentado y explicado por la diputada Rocío Casco, quien preside la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

La audiencia pública será este miércoles 8, a partir de las 9:00, en el salón Auditorio del Centro Cultural El Cabildo. En la ocasión, se habilitará oficialmente la recolección de firmas a favor de la ley de protección integral a las mujeres.

El proceso de rediseño de este proyecto de ley se inició ya a inicios de este año, con la revisión del proyecto de ley presentado el año pasado, que tuviera numerosas críticas desde numerosos espacios.

La revisión incluyó un primer proceso de consulta a las organizaciones de la sociedad civil, y además la revisión de la experta internacional en leyes integrales, Mónica Bayá.

La audiencia pública marca el inicio de un proceso de socialización y consulta amplio que se trasladará a varios foros en distintos puntos del país: Encarnación, Caaguazú, San Pedro, Central, etc. Además incluirá una página web desde donde la gente podrá descargar y dar opiniones y sugerencias al documento.

Anterior proyecto quedó en el “freezer”

El proyecto de “Ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres basada en asimetrías de género”, fue presentado por la anterior ministra de la Mujer Gloria Rubin, entre el 2012 y 2013, pero recibió críticas de todos los sectores de la sociedad civil, cuyos representantes de las organizaciones habían afirmado que el citado proyecto no respondía a la realidad y que atentaba contra los DD.HH.

Por ese motivo, quedó en el “freezer”. La crítica principal fue que la sociedad civil no había participado en la elaboración del proyecto de ley presentado al Parlamento.

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