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La inversión requerida en educación (unos US$ 5.000 millones al año para el 2030) se realiza sobre la matriculación estimada para las instituciones de gestión oficial y en algunas intervenciones (salario y kits escolares) se considera el 60% de la matrícula del sector subvencionado, señala el libro “Financiamiento público de la Educación en el Paraguay”, recientemente lanzado por el Observatorio Educativo Ciudadano.
En tal sentido –añade– la inversión estimada trae asociada una mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, dado que al incorporar mejoras en los indicadores de eficiencia interna (repitencia y deserción) se mejora la eficiencia en el uso de los recursos destinados a dicho sector.
Actualmente se asigna alrededor de US$ 25 millones en concepto de repitencia y US$ 28 millones en deserción escolar. Por lo tanto, la disminución de la repitencia y la deserción escolar generaría un ahorro aproximado de US$ 53 millones al 2030, sostiene el escrito.
Con las tasas actuales de eficiencia interna del sistema educativo, se está asignando en promedio 38% de lo que se debería asignar por cada alumno graduado de 9no. grado. Sin embargo, con las mejoras incorporadas como supuestos en la proyección de la matrícula en las tasa de repitencia y deserción, este promedio de gasto adicional se estaría reduciendo al 10% lo cual puede redistribuirse en diversas estrategias e intervenciones, dice el libro.
Por otro lado, también se incorporan mejoras en el promedio de alumnos por sección. Para la Educación Escolar Básica (1° y 2° Ciclos) actualmente hay un promedio de 16 alumnos y para la Educación Escolar Básica (3° Ciclo) 18 alumnos. Para esta estimación se eleva el promedio de estudiantes para estos ciclos a 20 alumnos por sección, lo cual también impactará en una mayor eficiencia en el uso de los recursos ya que se requerirá las contratación de menos docentes y la construcción de menos aulas, entre otros.
“Para garantizar calidad con equidad, se supone, además de los argumentos técnicos y políticos, un plan de inversión sostenible que lo haga posible desde una perspectiva basada en el principio del derecho a la educación, que supere las visiones sustentadas solo en los procesos de producción de las teorías clásicas de la economía (Riart, 2011)”, señala el documento.