Saltan varias incongruencias en lo declarado por el ministro de Educación, Enrique Riera, y las resoluciones firmadas por su puño y letra, que figuran en el portal del MEC.
El ministro declaró días pasados que el comité de evaluación ya estaba integrado antes de que él llegue al cargo y que no quiso cambiarlo.
Además dijo que los técnicos, miembros de este comité, “con absoluta independencia tomaron la decisión” de adjudicar a las cuatro únicas empresas de las 42 que se presentaron a la convocatoria para la reparación, construcción y adecuación de locales escolares de todo el país.
El 12 de julio el ministro Enrique Riera firmó la Resolución 12358, por la cual se conforma el comité evaluador para el llamado a la licitación pública. En el documento dice claramente que la ley le faculta al titular de la institución convocante a constituir dicho comité.
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Casi un mes después, el 1 de agosto, firmó otra resolución, la 12653, por la cual se modifica la conformación del comité de evaluación en que se prescinde de varios técnicos y se incluyen a otros en los cargos de dirección.
Así el ministro reemplazó a Sonia Melissa Díaz Mendieta de la Dirección de Asesoría Jurídica del comité por María Lucila Romero de Jara como responsable de la Dirección General de Programas y Proyectos del comité evaluador.
También creó otra Dirección General de Asesoría Jurídica y puso en el cargo a Cuny Giovana Prieto de Fernández. En la dirección de infraestructura reemplazó a Mayssa Marilín Martínez Lugo por Robert Armando Ruiz Díaz; en la dirección financiera reemplazó a Laura Carolina Barboza por José Domingo Martínez Medina, y eliminó la dirección administrativa que estaba a cargo de Lilian Rosalba Ruiz Díaz Vergara. Solo la dirección de contrataciones quedó igual a la resolución inicial, donde figuran Osvaldo Raúl Duarte y Francisco Alvarenga.
Inhabilitan a firma adjudicada
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó que Construcciones Rivas SA, de José Aníbal Rivas Martínez, a la que el MEC le adjudicó el lote 9 de Misiones y Ñeembucú por G. 13.359.000.000, tiene una sanción de inhabilitación, “por no cumplir con obligaciones contractuales y por haber proporcionado información falsa y actuado de mala fe”.
Varios cuestionamientos surgieron días atrás con respecto a las firmas adjudicadas para cuatro de los 14 lotes de obras que habían sido licitados.
Llamativamente, en todos los casos se optó por elegir las ofertas más altas y beneficiar en varios de ellos a firmas que nada tienen que ver con la construcción, como dos empresas electromecánicas u otra dedicada a la provisión de alimentos.
Exigen aclaraciones
Por su parte, los representantes del sector privado del Consejo de Administración de los Fondos para la Excelencia, con cuyos recursos se llamó a la licitación, enviaron una nota al ministro en que le piden explicaciones de por qué no publicó las adjudicaciones que ellos ya recibieron hace semanas, y le advierte al ministro que la ley les faculta al cambio de la institución ejecutora de los fondos e incluso la cancelación de los programas, por lo cual esperan de él una aclaración. La ciudadanía aún está aguardando trasparencia en este proceso.
Piden informes al MEC sobre construcciones
La Cámara de Diputados aprobó ayer realizar un pedido al MEC de todos los antecedentes de las licitaciones de construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el Fondo Para la Excelencia de la Educación, la Investigación y la Inversión (FEEI).
Específicamente se solicitan informes de adjudicaciones realizadas por el MEC en Caazapá, Misiones y Ñeembucú, a la firma Construcciones Rivas SA; en Paraguarí, al Consorcio Paraguarí; y, por último, en Itapúa, al Consorcio Itacuá.
Además de solicitar el cuadro comparativo de las ofertas de los llamados a licitación, consultan sobre los criterios tenidos en cuenta para adjudicar a las propuestas más elevadas en detrimento de las más bajas, detallando el motivo.
También se consulta si la empresa adjudicada Construcciones Rivas SA se encuentra inhabilitada tanto por Contrataciones Públicas como por el Tribunal de Cuentas.