“Acá solo vienen los políticos a juntar plata. Ingresan millones y nunca se ve una mejora en el Mercado. Es lamentable el estado en que está. Nadie quiere venir a comprar en medio de esta suciedad”, se quejó ayer ante nuestro diario Alcides Noguera, un comerciante del Mercado de Abasto afectado por el incendio del bloque C.
Francisco Pimienta, otro permisionario, lamentó que las sucesivas administraciones fueran alquilando todos los pequeños espacios libres, lo que dificulta actualmente la buena circulación de los vehículos dentro del predio, y de los peatones.
“Todos los espacios fueron cedidos. Hasta el baño se alquiló para generar ganancias. Solo las palomas y las ratas no pagan por hacer sus necesidades acá”, lamentó Pimienta.
Los dos baños fueron alquilados a Raúl Arce por la suma de G. 960.000 al mes. Para usar las personas pagan G. 1.000 y 1.500 dependiendo de lo que va a hacer.
No hay explicación de las condiciones insalubres y desastrosas en que se encuentra el Abasto con todo el dinero que ingresa diariamente, se quejan todos.
Los pasillos están repletos de vendedores informales. Por ocupar esos espacios pagan entre G. 8.000 y G. 10.000 por día en los casos de las yuyeras, vendedores de choclos y pancheros.
En el bloque incendiado había 286 permisionarios, según la lista proveída ayer por el interventor Alex Duré. Pero con los subarrendamientos, figura prohibida por Ordenanza 89/98, superan los 500. Varias personas no pudieron ser reubicadas justamente porque no figuran como permisionarias. Estos locatarios mau están exigiendo resarcimiento.
Algunos arrendatarios pagaban G. 286.000 al mes por un local en el bloque siniestrado, mientras que los mau abonaban G. 200.000, como es el caso de Lidia Núñez, subarrendataria del local 79 de Buenaventura Ayala, permisionaria legal.
Tiempo para cambiar
El interventor del Mercado de Abasto, Ing. Alex Duré, pidió tiempo para realizar los cambios en la institución.
Se había hecho cargo el 21 de octubre mediante una resolución del intendente Mario Ferreiro. Según la disposición, debe entregar un informe a los 90 días (21 de enero) de todas las anomalías detectadas.
Solo que la anarquía continúa. Todos reclaman atención. En los pasillos se escuchan lamentos y airados reclamos. Los permisionarios se quejan de todo y los funcionarios guardan discreto silencio.