La denuncia que aún no tiene asignado un agente fiscal para las pesquisas se relaciona a la utilización irregular de G. 17.500 millones en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), bajo la presidencia del arquitecto Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra.

La había presentado el 4 de setiembre último la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, como titular del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP). Quien patrocinó a la ministra Giménez en esta denuncia fue el abogado del Tesoro, Ángel Fernando Benavente.

El documento se presentó ante la Fiscalía General del Estado un día antes de que Sarubbi Gamarra anunciara a través de las redes sociales su renuncia al cargo por “motivos personales”.

Los gerentes y jefes de departamentos de la Essap realizaron millonarias compras en 2015 y 2016 a través del rubro fondos a rendir, cuyos montos fueron incrementados por el directorio de forma significativa en esos periodos. Las adquisiciones a través de los fondos a rendir, sin reglamentación, se hicieron fuera del control de la Ley 2051, de Contrataciones Públicas.

Todos los detalles constan en un informe técnico de la Auditoría General del Poder Ejecutivo de marzo de este año, que fue tomado como base para presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Inclusive la Subsecretaría de Tributación detectó la existencia de facturas falsas por al menos G. 525 millones.

El otro engorroso caso de corrupción en Essap denunciado el 28 de agosto fue asignado a la fiscala en lo penal Sussy Ri quelme. Afecta a un proyecto de US$ 7,5 millones en el Bañado Norte (Cará Cará) financiado con un crédito del Banco Mundial, para la obra de relleno hidráulico (donde se erigirá la planta de tratamiento de efluentes cloacales) y la construcción de un complejo habitacional de 96 casas para las familias afectadas.

La licitación adjudicó Essap en 2015 al consorcio Bella Vista, compuesto por la española Magtel SAU, representado por Javier Gala, y la norteamericana Environmental Risk Service -ERS, por Paola Rodolfi.

Según el Banco Mundial, la empresa ERS cometió fraude para salir beneficiada. No contaba con los recursos financieros ni técnicos para ejecutar la obra, por lo que presentó certificados que inflaban su facturación de US$ 1.900.000 a US$ 19.000.000. Los técnicos del Banco que dieron su “no objeción” para otorgar el contrato no detectaron el fraude en los más de cuatro meses que tuvieron a su cargo el análisis de los documentos. Lo hicieron un año después de que comenzara la ejecución de la obra. Lo que inició la investigación del banco fue el incremento de G. 9.000 millones del monto del contrato luego de su adjudicación. (de G. 45.900 millones a G. 54.900 millones).

Sarubbi dice que explicará

El arquitecto Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra, que está en el ojo de la tormenta después de las denuncias de corrupción, anunció que esta semana dará su versión. Asumió la presidencia de Essap en setiembre de 2013 y se vio obligado a renunciar el 5 de setiembre último. Hasta enero de 2016 le acompañaron en el directorio Evelio López y Guillermo Fanego. El Ejecutivo los cambió por Carlos Arce y Enrique Dami, luego de las presiones que empezaron a ejercer López y Fanego por las sospechas de corrupción.