“El problema comienza en el mes de julio, cuando decaen los pagos de las cuotas, por lo cual este período se convierte en un cuello de botella para las instituciones privadas que deben pagar salarios, aguinaldos y prepararse para las vacaciones”, explica Ficorilli.
El titular de Aiepp apunta que entre noviembre y diciembre los padres regularizan los pagos con el cobro del aguinaldo, y el porcentaje de 60 de morosidad se reduce a un 10%. “La mayoría adeuda entre dos a tres cuotas, pero también están los que nunca más pagaron las cuotas tras la inscripción y no responden a llamados e incluso nos dicen que no les molestemos. Solo queda insistir, porque la ley protege los derechos del alumno, pero se contrapone al derecho constitucional que tiene toda empresa de no prestar servicio si no va a recibir la remuneración”, apuntó.
La Ley N° 5738/16, por la cual se garantiza el Derecho del niño y del adolescente que estudia en instituciones educativas privada, señala que la deuda no será obstáculo para culminar el proceso educativo, incluidos exámenes, exponiendo a las instituciones que no cumplen a penas de 5 a 50 jornales. Hasta el momento, son siete las instituciones privadas denunciadas por incumplimiento de la ley. Por su parte, las instituciones tienen derecho a proceder a embargos judiciales y no reinscribir a los alumnos para el próximo año.