Lo paradójico es que, mientras el ente menciona un “feroz” control, solo tiene una dotación de 40 funcionarios para frenar los daños ambientales que generan los pescadores furtivos y los cazadores ilegales.
En plena temporada alta, en promedio, la Seam cuenta con solo 2 fiscalizadores por departamento. Lo que hace suponer que los controles no serán “muy estrictos”.
“La idea no es poner a un fiscalizador por persona. Necesitamos al menos mil en el país para ejercer una buena tarea. Pero hoy tenemos 40 fiscalizadores que se ubican en lugares claves de conflicto y se hace una buena labor. Los trabajos se ven apoyados por la Policía y en los parques nacionales están también los guardaparques”, argumentó el director de Biodiversidad de la Seam, Darío Mandelburguer.
Seguidamente instó a las personas a ser conscientes y evitar daños al ambiente en el interior del país o cuando visiten los parques nacionales, ya que serán pasibles de multas en caso de cometer infracciones y los antecedentes serán derivados a la fiscalía.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Mandelburguer recordó además que los ciudadanos que deseen realizar jornadas de pesca deportiva deben inscribirse y tener su licencia al día.
El permiso se renueva cada año en las oficinas de la Seam. El carnet se imprime al instante tras completar un formulario y abonar G. 151.116.
La pesca se debe realizar respetando las medidas correspondientes. Los ejemplares de surubí pintado deben tener un mínimo de 85 centímetros para ser pescados; surubí atigrado, 80 centímetros; el manguruju, 100 centímetros; la boga, 45 centímetros y el salmón de río, 45 centímetros.
Entre las recomendaciones para quienes visitarán los parques nacionales se encuentran, entre otras, las siguientes: no hacer fogatas, no tirar basura, no escuchar música a alto volumen y no consumir bebidas alcohólicas.
Hugo Cañiza, de la asesoría jurídica, advirtió que la multa en el caso de que se encuentren infracciones contra el ambiente va -de acuerdo a la gravedad- de 3.000 a 10.000 jornales mínimos, equivalente entre 200 a 750 millones de guaraníes.
En algunos casos, la pena carcelaria es de 5 años.