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“Queremos denunciar la lentitud de todo el proceso y exigir garantías a la justicia teniendo en cuenta que nuestra demanda por la reposición en nuestros cargos se dio ya el 24 de febrero solicitando una medida cautelar, que no debe tardar más de 48 horas, pero desde entonces dos jueces se inhibieron alegando que son docentes de la UCA, y finalmente nuestro pedido cae en el juzgado de la jueza Sandra Bazán, hace más de 20 días sin respuesta”.
La jueza Sandra Bazán explicó que debe tener todas las demandas a la vista (solo cuenta con tres, una sigue en poder de la jueza Graciela Ortiz) para tomar una determinación, porque también tiene el pedido de suspensión de contrato que presentó la UCA contra estos funcionarios amparada en el artículo 321° del Código Laboral que permite tomar esta medida al empleador (con justa causa probada) aunque haya estabilidad laboral y fuero sindical.
Por su parte los sindicalistas aseguran que no existe ninguna justa causa. “Esto es una persecución sindical porque las autoridades de la UCA, encabezadas por el rector Narciso Velázquez, quisieron hacernos responsables de la toma de agosto pasado. Incluso nos sometimos a un sumario del cual salimos limpios. Creemos que uno de nuestros mayores pecados es haber presentado al Arzobispado nuestra preocupación acerca de la participación del rector en hechos de encubrimiento al cura abusador de menores Carlos Ibáñez”, dijo López.
Narciso Velázquez señaló que en ningún caso la universidad tomó represalias contra sindicalistas y menos aún violó alguna norma laboral y que el caso del señor Ibáñez no guarda relación alguna con dicha situación. “La institución se sometió a los tribunales ordinarios del fuero laboral y dichos casos se hallan actualmente en un proceso judicial”, señaló el religioso.