En mayo del año pasado, a raíz de publicaciones de ABC Color sobre las sobrefacturaciones en dos licitaciones del SNPP, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordena la apertura de una “investigación de oficio” sobre las supuestas irregularidades denunciadas.

Una de ellas es la licitación para la “adquisición de insumos para peluquería” ID N° 292574, y la otra la licitación para la “adquisición de elementos de cocina y comedor” ID N° 292977, ambos convocados por el SNPP.

La investigación de la DNCP se sustenta en las denuncias periodísticas de nuestro diario que hablan de sobrefacturaciones de hasta el 1.600% en la compra de artículos de peluquería y de gastronomía.

Por ejemplo, ruleros que incluso ya no se utilizan entre los estilistas, fueron adquiridos a G. 1.880 cada uno cuando en el mercado su precio está en apenas G. 80 cada uno. Las compras se hicieron por varios millones de guaraníes por cada artículo.

En cuanto a los cubiertos para los cursos de gastronomía, por ejemplo, se pagó G. 30.000 por cada cucharita que cuesta en el mercado local no más de G. 2.500.

De esta forma se sobrefacturaron numerosos artículos con el presupuesto del SNPP.

Tras su investigación, El Director Nacional de Contrataciones Públicas, Santiago Jure, por Resolución N° 1.868/17, del 14 de junio de 2017, resolvió “declarar la irregularidad de los procedimientos de contratación” en las licitaciones mencionadas, además de “instar a la convocante a deslindar responsabilidades en el orden administrativo, respecto a los funcionarios intervinientes en los procesos individualizados”.

A raíz de esta resolución de la DNCP, el titular del SNPP, Lic. Ramón Maciel ordena, en fecha 31 de octubre de 2017, abrir un sumario administrativo a los siguientes funcionarios, Carlos María Ruiz González (ex brazo derecho del Ministro de Trabajo, Guillermo Sosa), Ana Concepción González, Norma Elizabeth Ruiz Díaz, Nelly Zulema Colarte Melo, Kevin Edilberto Araújo, Ana Leticia Segovia Marsá y Mónica Beatriz Osorio Cardozo, todos ellos vinculados de alguna manera con las presuntas sobrefacturaciones.

Sin embargo, a siete meses de instruirse el referido sumario, el mismo sigue cajoneado, sin conclusión alguna y los responsables continúa tranquilamente en sus cargos, salvo algunos como Ruiz González que simplemente fue trasladado.

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