“Pedimos que la Corte Suprema intervenga y se tomen los recaudos necesarios para que en los juzgados de paz se cumpla con lo que establece el Código Procesal Civil, en el sentido de que los jueces exijan a los demandantes de juicios ejecutivos que proporcionen el domicilio real del demandado, pues no se cumplen los requisitos procesales previstos en la ley”, indicó la fiscala.
En los más de 1.000 casos de estafa de casas comerciales contra docentes investigados por la fiscala Teresa Sosa el procedimiento fue el mismo: en todos los pagarés de juicios ejecutivos se hace constar un mismo domicilio (dirección del MEC); los ujieres notificadores tiran las cédulas de notificación en la vereda del MEC o elaboran informes en los que dejan constancia de que el demandado no fue encontrado o mencionan que leyeron la cédula de notificación a un funcionario cualquiera.
Los docentes recién se dan cuenta de que fueron objeto de una demanda cuando les embargan sus haberes porque en los juzgados se viola el principio de bilateralidad del proceso civil y el derecho a la defensa en juicio. Lo más preocupante es que a pesar de que los jueces de paz visualizan con claridad esta irregularidad igualmente dan trámite positivo a los embargos.