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Un discreto silencio guardaba ayer la Superintendencia de Salud (Supsalud) sobre el posible contagio de una treintena de pacientes del IPS y del Ministerio de Salud con el virus de Hepatitis C.
La transmisión de la enfermedad se habría producido a causa del uso de un mismo material de diálisis en varios pacientes, lo que prohiben las normas de la Salud. El material se puede usar en un mismo paciente, pero no en otro diferente.
La Superintendencia de Salud (Supsalud), por Ley 1032, debe fiscalizar desde la infraestructura hasta los materiales que deben ser utilizados en los centros asistenciales de la salud.
“Verificar los instrumentos de organización institucional de las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPSS) privadas, instalación, capital, fusión o transformación, de acuerdo a normas y procedimientos vigentes”, dice específicamente entre las atribuciones que tiene la Superintendencia.
Es más, le obliga a “establecer vigilancias preventivas y sistemáticas para verificar las condiciones en que las EPSS realizarán las prestaciones a su cargo, para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de las mismas”.
Ayer intentamos hablar en varias oportunidades con el Dr. Domingo Mendoza, titular de la Superintendencia de Salud, para saber qué hará la institución en este caso en particular. Hasta el cierre de esta página no lo logramos.
Hay que recordar que la Superintendencia depende directamente del Ministerio de Salud Pública.
Antecedentes
Datos preliminares que se manejan en el Instituto Nacional de Nefrología refieren que un total de 34 asegurados del IPS fueron contagiaron de hepatitis C durante las sesiones de diálisis en la clínica del Dr. Marcos Dávalos, quien forma parte del Consorcio Renal, que ofrece el servicio de diálisis a la previsional y al Ministerio de Salud.
El Consorcio Renal está compuesto por el Hospital del Corazón (Dra. Carmen Skell) y el Centro de Enfermedades Renales, del Dr. Silvio Franco.
En la cartera sanitaria como en el IPS aseguraron que ayudarán en el tratamiento y la adquisición de medicamentos para la hepatitis a los pacientes contagiados. Pero si se realiza una investigación seria, y esta confirma que los contagios se dieron dentro del consorcio de referencia, entonces las entidades públicas no deben correr con los gastos, sino la firma responsable.
De acuerdo con los datos que obran en la página en internet de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), este ejercicio 2017 la empresa privada firmó contratos millonarios para el servicio de hemodiálisis con la cartera de Salud Pública y la previsional.
Salud le adjudicó G. 9.895 millones y el IPS G. 6.739 millones.