Los dos casos denunciados este año se relacionan a compras por G. 17.500 millones fuera de la Ley 2051 y la provisión de documentos falsos en una licitación de US$ 7,5 millones.
“Si desde 2013 la fiscalía no prosperó con la investigación, es posible que tampoco haga nada en estos dos casos recientes”, dijo uno de los funcionarios que prefirió omitir su nombre.
La denuncia de 2013 formuló el Sindicato de Trabajadores de Essap (Sitraessap) y se relaciona con la obra chapucera de la planta de tratamiento de agua en Viñas Cue. Se otorgó por G. 27.900 millones, pero terminó costando G. 31.000 millones. Al poco tiempo de su uso tuvo fisuras y grietas.
El otro caso afecta a una inversión en 2010 de G. 11.500 millones en la instalación de sistema de alcantarillado sanitario en la Cuenca de la Universidad Católica (barrios Santa Librada, Obrero y Tacumbú), que hasta ahora no se puede utilizar porque concluyeron mal o se dejaron a medio terminar. Entre las empresas contratistas involucradas en este gran negociado figuran Caraguatay SA, representada por Felipe Caballero; Taller Industrial del Este SA, representada por el Ing. Germán Fatecha y la empresa Constructora Asunción y Asociados, por Enrique Díaz Benza. Las empresas no terminaron la obra y colocaron materiales diferentes a los exigidos en el pliego.
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La última denuncia realizada fue en contra de la compra exagerada de manguitos, pieza utilizada en la reparación.
Las denuncias más recientes se relacionan a compras directas sin licitación a través de caja chica y los documentos falsos que presentó ERS (Environmental Risk Service), representada por Paola Rodolfi, para adjudicarse el relleno hidráulico en Bañado Norte.