Transporte, otro archivo del terror, según técnico

El sistema de transporte público de pasajeros mueve millones de dólares al año, dependiendo del corredor, del itinerario que cubre una empresa. Por ejemplo, el corredor Mariscal López cuesta unos US$ 300.000, por lo que es una de las más apetecidas, explicó ayer a nuestro diario el técnico del sector Andrés Mallada.

La cantidad de dinero que maneja el sistema permite que dentro del Viceministerio de Transporte opere una rosca corrupta desde 2014 (Antes era la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), que aplica las sanciones o adjudica licitaciones de acuerdo a la afinidad personal o política, según manifestó el técnico.

Uno de los casos más recientes afecta a la empresa San Agustín (línea 11), de Agapito y Ventura Sosa, a la que el Viceministerio de Transporte, a cargo de Agustín Encina, le canceló el itinerario, pese a invertir US$ 1.000.000 en la adquisición de nuevos buses, explicó. “Mató a una empresa, dejó a sus propietarios con una millonaria deuda, porque tuvieron que solicitar préstamos para comprar los nuevas unidades. El itinerario le adjudicó a Juan Carlos Aveiro y su grupo”, expresó Mallada.

Aveiro es el dueño de Transporte Lambaré (TTL), que explota las líneas 23, 24 y 33.

Existen documentos que demuestran la estrecha vinculación del viceministro Encina con el empresario. Le representó en varias causas judiciales, por ejemplo.

Para sancionar a San Agustín, el Viceministerio argumentó que la misma estaba operando con 28 unidades el corredor Areguá, Luque, Asunción y no con 40 como había declarado ante la institución reguladora. Una práctica común en la mayoría de las empresas.

La Contraloría de la República amerita que audite el Viceministerio de Transporte, o en todo caso Auditoría General del Poder Ejecutivo. “Espero que lo haga el próximo gobierno porque estoy seguro que encontrará el segundo archivo del terror del país”, concluyó.

Consultado al respecto el titular del Viceministerio de Transporte respondió que “primero deberíamos averiguar los antecedentes de Mallada”.

Mencionó que la Setama y luego el Viceministerio de Transporte le denunció ante el Ministerio Público por presentar documentos falsos. Uno de los casos se remonta al año 2013. El más reciente radicaron el 13 de noviembre del año pasado por la presentación de certificados falsos del IPS en la licitación de la línea 102, explicó.