Pasaron varios días de la publicación del informe final de la Contraloría General de la República que revela serias anomalías en la instalación del sistema de alcantarillado sanitario y las autoridades de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) todavía no salieron a dar la cara.
Ni siquiera los empresarios que tuvieron a su cargo la ejecución de las obras y tampoco la empresa contratada exclusivamente para fiscalizar su ejecución dan su versión. La fiscalizadora es el Consorcio TYPSA-CIA, representado por William Campos Cervera, adjudicada con US$ 1.600.000.
Son más de 50 km de red cloacal en varias zonas de la Capital y ciudades vecinas como Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo.
Durante la instalación de las tuberías no se respetaron las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, que establecen, entre otras cosas, la medida de la excavación, la forma del rellenado y la compactación de la tierra removida.
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Lo más grave del informe es la confirmación de pagos por obras no realizadas, que superan los G. 2.000 millones, según el documento.
No solo durante la construcción hubo fallas, también después, teniendo en cuenta que la Autopista, una de las avenidas afectadas por la obra, está en deplorables condiciones actualmente.
Nuestro país recurrió a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial para esta inversión. Adjudicó cinco contratos por G. 80.000 millones, a fines de 2013, a los pocos meses de asumir la presidencia Horacio Cartes y en Essap, Osmar Sarubbi Gamarra.
Fueron beneficiados el Consorcio Cuenca Este (Covipa y Constructora Heisecke), representado por José Heisecke; Baumann y Asociados (Baumann SA, Beta Ingeniería y Alfa y Omega SA), por Óscar Preda y Santa Teresa (DC Ingeniería, Edivisa y Chaves Construcciones), por Luis Duarte.
