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Los lomiteros y yuyeros que serán beneficiados con las casas construidas en el paseo central de la avenida Francisco Acuña de Figueroa, más conocida como avenida Quinta, se manifestaron ayer a partir de las 17:00 a favor de la terminación de ese proyecto gastronómico de la Municipalidad de Asunción. Juana Cubilla, propietaria de Teo Burguer, que lideró la movilización, aseguró que necesitan regresar “cuanto antes a la zona” porque pierden plata.
“Yo trabajo desde hace 27 años acá, otros están desde hace 30, 40 años. Nosotros queremos volver a nuestro lugar de trabajo, queremos que termine la obra, tenemos personales que ganan más de 3.000.000, acá estamos como 500 personas que vamos a quedar sin trabajo si se echan las casillas”, expresó.
Desde la época de Arnaldo Samaniego se impulsó el plan de casillas. Se hicieron reuniones con los afectados y los vecinos, todos estaban de acuerdo, dijo. Informó que abona a la Comuna por la patente comercial cada año G. 237.000 y G. 150.000 por semana por usar el espacio público. Su hamburguesería callejera le permitió educar a sus tres hijos.
El exfiscal general del Estado Rubén Candia, quien circulaba por el sitio, se quedó creyendo que se trataba de la protesta de los vecinos que desaprueban el proyecto y dijo: “nadie tiene derecho a ceder graciosamente (los espacios públicos), por más beneficios que pudieran reportar, porque acá existen unos 150 contribuyentes que pagan su impuesto inmobiliario. Yo como asunceno pago un impuesto de 20 millones de guaraníes anuales y alguien que venga alegremente a poner su negocio de la naturaleza que sea, y respetando el derecho de poder trabajar, tampoco puede servirse de un espacio que nos corresponde a todos los ciudadanos asuncenos”.
Los propietarios de comercios que funcionan sobre la avenida rechazan la obra, porque pagan alquiler de G. 4.000.000 y además los tributos municipales, mientras que los vendedores informales solo abonan un canon a la Municipalidad por utilizar el espacio público.
Los dueños de viviendas de la zona también cuestionan “la privatización del espacio público, que debería ser un sitio de recreación para toda la gente del barrio”.
La manifestación de los lomiteros y yuyeros se produjo luego de las dos movilizaciones que realizaron los vecinos contra la obra. La primera fue el sábado último y la siguiente el lunes. En la primera concurrieron alrededor de 20 vecinos y en la segunda alrededor de 40 personas. Se manifestaron en familia: padres, madres e hijos.
El domingo la Intendencia anunció la modificación del proyecto. Las casillas ya no abarcarán la calzada y serán de un tamaño menor.